Tenencia de armas

Recientemente, el ministro de Seguridad de Panamá ha propuesto se permita la importación de armas y a la vez mayor acceso de la población a las armas para estar en capacidad de defenderse de los ataques y asaltos perpetrados por los pandilleros y sicarios, flagelo que está agobiando a los ciudadanos en todo el país. Esto ha generado un clima de constante temor y estrés en las personas preocupadas por una situación a todas luces muy inquietante.

Ante la propuesta del ministro Aguilera, surge la interrogante si es importante investigar primero si la tenencia de armas por parte de la población civil constituye o no una medida eficaz para la prevención del delito o, si en su defecto, intensifica el problema de inseguridad de la población que nos tiene atormentados.

Es importante analizar cómo afectan los diversos factores que inciden en la tipificación de los índices que definen los niveles de la delincuencia y cómo esto se transforma en una percepción del grado de inseguridad en la ciudadanía.

En razón de esta preocupación se abre a discusión si es necesario flexibilizar el acceso de la gente a las armas de fuego y flexibilizar los requerimientos legales o jurídicos relativos a la tenencia de armas en Panamá.

En contraposición con la propuesta ministerial, es necesario definir el rol que le corresponde al Estado, que constitucionalmente es responsable por salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. También es válido indicar si hay algún rol que la propia comunidad a través de diversas organizaciones locales pueda ejercer para contribuir a controlar los flagelos de la delincuencia, violencia e inseguridad que nos azotan.

A nuestro entender, la ralentización del crecimiento económico del país y el aumento de los niveles de desempleo, aunado a un aumento de la criminalidad por efectos de las actividades asociadas al narcotráfico, ha generado una frustración suficiente para crear un clima de violencia social e inseguridad en la población.

Al parecer, las medidas adoptadas por la autoridad para responder, por una parte, a la intranquilidad de la población frente al aumento de la criminalidad, y por otra parte, para fiscalizar el uso de armas de fuego, no han sido efectivas y algunas se han calificado como grandes fracasos.

A nuestro criterio, la sociedad se regula con base en un pacto Estado-Sociedad para hacer posible la convivencia pacífica. Por ende, el Estado no puede transferir a los ciudadanos la habilidad absoluta e ilimitada para ejercer las funciones de seguridad que le corresponden al mismo.

Frente al aumento creciente de la violencia y la delincuencia, consideramos que no es conveniente que la población civil acceda a la tenencia de armas como método de defensa y de protección contra las pandillas y sicarios. En algunos países, esta medida, a contrario sensu, ha incrementado el número de homicidios. Finalmente, las autoridades deben diseñar y adoptar una estrategia integral y políticas nacionales para prevenir la delincuencia y el control de la situación de inseguridad en el país.