Tiempo de cambios
No aprendemos de los errores. El paradigma socioeconómico del neoliberalismo nos ha conducido a este laberinto llamado “crisis”, del que no podemos salir. La paradoja es que los Gobiernos creen que la vía hacia la solución implica aceptar que el modelo socioeconómico que está en la raíz de la actual crisis es el único viable. Sostienen que es necesario intensificar la lógica de crecimiento y acumulación, que consiste en priorizar los intereses del gran capital extranjero en el diseño de la economía para salir adelante. Los derechos sociales de las mayorías quedan sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales.
América Latina es la región por excelencia en donde las empresas españolas han invertido capital en compañías eléctricas, petroleras y mineras. El proceso de internacionalización de la economía española comenzó a darse en los años 80 y 90, y casi al mismo tiempo, en Latinoamérica numerosos países aplicaron “planes de ajuste” y liberalizaron sectores como energía o servicios, lo cual abrió la puerta al capital extranjero.
Según un informe realizado por Greenpeace, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países. Si se compara el volumen económico de las multinacionales y el PIB de los países del mundo en términos equivalentes, de las 100 primeras entidades, 51 serían multinacionales y 49 serían países.
Así, las empresas, en un contexto de falta de mercados y de caída del consumo, incrementan sus beneficios. Pero estos solo pueden sostenerse mediante la explotación de trabajadores, devaluación salarial, precarización del trabajo, desplazamiento de comunidades indígenas de sus territorios, de la mano de una serie de impactos ambientales que afectan a las poblaciones y los ecosistemas en los que se asientan.
Los ejemplos son vastos y sus daños ecológicos muy graves: Desde las secuelas que deja el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac) en “El Chaparral”, en El Salvador, casos como el de la mina de oro y plata Cerro Blanco, en Guatemala, propiedad de Goldcorp, hasta los nefastos efectos por extracción abusiva en áreas de gran biodiversidad como el Parque Nacional Aguaragüe, en Bolivia, o “Loma de la Lata”, en Neuquén, Argentina, donde Repsol y Petrobras han contaminado el agua y la tierra.
Pero no toda la sociedad mira hacia otro lado. Cada vez con más fuerza organizaciones sociales, activistas y hasta instituciones nacionales e internacionales realizan acciones para profundizar en la investigación de los abusos que estas empresas cometen.
En junio del año pasado, la ONU aprobó una ley que condena los abusos de las multinacionales. A partir de la creación de este instrumento jurídico vinculante, las multinacionales tendrán que cumplir con obligaciones que antes eran solo recomendaciones. También se han creado proyectos de envergadura como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal), que documenta la información sobre los impactos ambientales, culturales, económicos y sobre los derechos humanos generados por la actuación de las transnacionales españolas en América Latina. Urge una transformación de la conciencia colectiva con acciones políticas que promuevan un cambio de sistema.
