Todo bajo control
Se acerca la hora de las definiciones. La ausencia de acuerdos en las reuniones entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) desembocará en la toma del mando de la ACP en el porcentaje inconcluso del tercer juego de esclusas.
El GUPC ha reducido el ritmo de los trabajos en un 30%, ha despedido 2,600 trabajadores panameños y no ha controlado la calidad de insumos fundamentales, y pretende el reconocimiento de injustificados sobrecostos al margen del contrato. La irresponsabilidad financiera y laboral del GUPC bastaría para una demanda judicial interpuesta por la ACP por incumplimiento del contrato. Mientras se evalúan posibles demandas contra los operadores extranjeros, la ACP debe prepararse para asumir el control y continuar las obras semiparalizadas de la ampliación de la vía interoceánica hasta el final.
La historia de Panamá, una vez más, muestra el desencuentro con países europeos interesados en la construcción de una vía de comunicación interoceánica. La temprana preocupación de los habitantes del istmo en el comercio libre se expresó en los decretos que declararon libres de gravámenes y tonelaje, anclaje, alcabala y derechos aduaneros en general a los barcos extranjeros que atracaran en los cantones de Portobelo y Panamá.
Por otro decreto, según Mariano Arosemena, se concedió al barón de Thierry la autorización de abrir un canal por las aguas del Río Grande, del Chagres y la bahía de Limón, excavar terrenos para tránsito de naves de gran calado, construir represas, esclusas, muelles, almacenes y demás obras por un lapso de 50 años. Pero el barón Thierry no pudo poner en marcha el proyecto del Canal por aguas fluviales. Luego se entregó otra concesión al norteamericano Carlos Biddle, en asociación con ciudadanos granadinos, los que al caducar la concesión, incorporaron como nuevo socio a la empresa francesa de Augusto Salomón. Después advino la concesión al constructor del canal de Suez, Fernando de Lesseps, de resultados conocidos, hasta que se llevó a cabo la construcción del Canal mediante un controvertido tratado que concluyó el 31 de diciembre de 1999.
Hoy la historia pone en manos de la República de Panamá la decisión de un salto cualitativo de gran envergadura con la ampliación del tercer juego de esclusas. La ruptura del contrato entrega a la ACP la libertad para emprender la etapa final del megaproyecto. Con el respaldo del Gobierno, gremios empresariales, partidos políticos y la sociedad civil, la administración canalera podrá contratar nuevas empresas nacionales o extranjeras en los términos legales más seguros para evitar otras confrontaciones sobre costos y tecnología.
Debemos recuperar el tiempo perdido con las empresas que intentaron romper las cláusulas del contrato matriz, en relación con procedimientos de negociación de reajustes económicos. La comunidad internacional de la industria naviera, puertos en proceso de renovación, y primordialmente los convenios del comercio mundial están pendientes de la resolución del conflicto dentro de parámetros positivos. La ACP tiene todo bajo control para reanudar la construcción del tercer juego de esclusas y obras conexas.
El litigio nos deja lecciones importantes sobre las negociaciones de contratos públicos en los que, sin desmedro de intereses particulares, prevalezcan siempre los intereses generales de Panamá.
