Todos con el Canal
Las empresas del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) están presentando reclamaciones financieras unilaterales, con lo que transgreden groseramente la coherencia jurídica del contrato de construcción del tercer juego de esclusas. La empresa italiana Impregilo propuso el desembolso de entre $500 y $1,000 millones, mientras que Sacyr Vallehermoso pretende la entrega de más de $1,300 millones para concluir la fase final del megaproyecto. La ofensiva de estas empresas extranjeras son rechazadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), debido a su desorbitada magnitud extracontractual.
La ACP ha reiterado que el contrato suscrito por GUPC tiene cláusulas que prevé la posibilidad de reajustes económicos, siempre que estos tengan la debida fundamentación financiera. Es insólito que las empresas que ganaron el contrato con una suma de dinero calculada por ellas mismas y que firmaron el contrato en forma conjunta formulen presupuestos separadamente.
Ante el espectáculo bochornoso de la anarquía empresarial, la ACP se prepara para retomar las obras y continuarlas hasta la fase final, y asegura contar con los recursos suficientes y las previsiones de fianzas y seguros contemplados. El GUPC ha fijado la fecha de suspensión del compromiso contractual hasta el 20, pudiera ser el punto de partida para que la ACP retome las obras con otras empresas.
El administrador del Canal, ingeniero Jorge Quijano, viajará al extranjero para reunirse con los administradores de puertos de Estados Unidos y otros países que realizan fuertes inversiones en la ampliación de las instalaciones, drenaje y profundidad del calado de las aguas para poder recibir a los buques postpanamax que cruzarán por las tres esclusas en proceso de finalización.
Les asegurará oficialmente a los administradores de puertos internacionales que la ampliación de la ruta finalizará en el año 2015. Se pondrá en claro que la administración del Canal panameño posee una estrategia para superar contratiempos como los causados por la irresponsabilidad contractual del GUPC, y está haciendo contactos con otras empresas que concluyan el megaproyecto.
Quijano ha puntualizado que las empresas del GUPC no han podido sustentar los sobrecostos aducidos. A la fecha se han desembolsado $2,884 millones de los $3,200 millones fijados en el contrato. Si a pesar de los importantes desembolsos las empresas se negaran a continuar la obra, e insisten en pagos extracontractuales, la ACP no tiene otra opción que seguir adelante hasta su conclusión.
La ACP tiene el respaldo solidario de las instituciones y las fuerzas vivas del país. El Gobierno ha efectuado una importante tarea de mediación con España para arribar a una solución en concordancia con las cláusulas del contrato que prevé arreglos razonables en el punto de sobrecostos.
Con este trascendente movimiento de solidaridad y las garantías de la cohesión jurídica del contrato, la ACP podría llegar a la máxima instancia de resolución de un tribunal arbitral con la seguridad de que su posición prevalecerá sobre los desbordados apetitos de los que, por deficiente planificación financiera, por lucro desmedido y otras causas que están saliendo a flote, están perpetrando una violación flagrante del contrato que firmaron.
