Tortuoso camino
La Ley de Transparencia ha sido, tal vez, la que más obstáculos ha enfrentado en la historia del país para su aprobación y posterior cumplimiento. Todos los gobiernos, sin distingo, han visto en ella a un enemigo.
La cultura de la no rendición de cuentas por parte de los funcionarios en Panamá, lejos de terminar con esta valiosa ley, sigue vigente porque siempre hay subterfugios legales para evadir su cumplimiento, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia.
Todos los días en este país hay funcionarios que, de forma discrecional, deciden qué información debe ser pública, en abierta violación a la Ley 6 de 22 de enero de 2002. Y hasta el momento, ningún funcionario ha sido destituido por esta falta ni amonestado públicamente.
La aprobación de la ley panameña fue un ejemplo para el continente y el mundo, fuimos el segundo país, después de México, en aprobarla. Sin embargo, cuando revisamos sus logros no hay mucho de qué enorgullecerse.
El último informe del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción señala que el 69% de las instituciones incumple la ley, sin contar que a diario periodistas y ciudadanos chocan de frente con la oposición de altos funcionarios a revelar la información que nos pertenece a todos.
Probado está que los políticos son enemigos naturales de la rendición de cuentas, pero poco a poco los ciudadanos tenemos que ir desarrollando la cultura de exigir nuestros derechos.
La ley es clara, toda la información en manos del Estado es pública, salvo contadas excepciones. Le toca a la Corte velar porque se respete su espíritu y evitar que se registren abusos de gobernantes transitorios que pretenden manejar la información pública como si fuera privada.
