Trabajo, remuneraciones y exclusión social
Una de las características del modelo vigente de la economía panameña es su naturaleza concentrante, la cual ha significado que pese a las altas tasas de crecimiento económico una buena parte de la población laboral se encuentra excluida de lo que podría calificarse como una ocupación laboral decente.
Desde el punto de vista de la calidad de la ocupación, pese a que de acuerdo a las cifras oficiales el desempleo abierto apenas alcanza al 4.0% de la población económicamente activa (PEA), subsisten claros indicadores de la presencia de un alto nivel de precariedad en el trabajo. Para comenzar se puede señalar que de los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral realizada en agosto de 2012 cerca de 546,933 trabajadores y trabajadoras se encuentran atrapados en esa zona gris de la ocupación constituida por los cuenta propias, los trabajadores familiares sin remuneración y los que laboran en los servicios domésticos.
Así mismo, pese a que la economía se ha expandido a partir del 2004 a una tasa promedio anual del 8.1%, la encuesta antes señalada mostró que en el 2012 el 37.0% de la población ocupada en actividades no agrícolas, es decir 488,289 personas, se encuentra en una situación de informalidad. Esto expresa, en primer lugar, la dificultad que tiene el modelo para que el crecimiento se traduzca en una efectiva disminución de la informalidad, a tal extremo que, de acuerdo a cálculos que hemos realizado recientemente, un incremento anual real del producto interno bruto (PIB) del 10% apenas lograría en promedio reducir la tasa de informalidad entre 1.7 y 1.6 puntos porcentuales.
Más aún durante el último año, pese a un crecimiento que algunos ubican en el orden del 10.0%, la tasa de informalidad prácticamente se mantuvo estática. En segundo lugar, es un reflejo de la vigencia de un modelo económico en el que los criterios de la justicia social y de la legislación vigente se violan sistemáticamente. Esto explica que 86,340 trabajadores y trabajadoras se encontraran en condiciones de informalidad pese a laborar en empresas que, por su nivel tecnológico y organizativo, hacen parte del sector formal de la economía.
En términos de la población que trabaja en el sector agropecuario resulta útil añadir que estas se encuentran en su mayoría atrapadas en ocupaciones de baja productividad. Es así que, tomando como base las estadísticas del 2011, mientras que la producción de este sector alcanza a cerca del 2.9% de PIB total, el mismo constituye la fuente de trabajo del 13.7% de la población ocupada, se trata de 204,239 personas. En estas condiciones no es de extrañarse que apenas el 12.6% de los trabajadores de este sector puedan ser calificados de ocupados plenos.
Desde el punto de vista de las remuneraciones también es posible encontrar signos de precariedad. Es así que, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Estadísticas, la participación de las remuneraciones de los trabajadores asalariados en el PIB se ha visto reducida desde el 37.8% en el año 2000 a tan solo el 29.8% en el 2011. Si se calcula en términos absolutos la pérdida que significó para los asalariados este deterioro de la distribución del ingreso en el último de estos años, encontramos una elevada suma equivalente a B/. 2,508.4 millones.
Utilizando estadísticas oficiales disponibles para el 2011, se puede establecer no solo que el 11.8% de los empleados recibieron un salario inferior al costo de la canasta básica alimenticia del MEF, sino que 58.1% de los asalariados recibieron una remuneración inferior a la canasta básica completa. Se observa una característica prácticamente estructural y persistente de la economía, lo cual se ve si se tiene en cuenta que para el 2006 estos indicadores fueron de 11.2% y 59.6%, respectivamente.
La situación para los asalariados en el 2012 puede haberse empeorado habida cuenta que para agosto de 2012, mes en que se realizó la Encuesta de Mercado Laboral, el costo de la canasta básica mostraba un incremento aproximadamente 7.8% con respecto al año anterior. Es importante advertir que en la práctica la situación puede ser mucho más adversa que la aquí presentada, ya que la canasta básica que utiliza el MEF se calcula a partir de una familia con apenas 3.8 personas. De acuerdo a todo esto resulta claro que el país se encuentra frente a un modelo incapaz de alcanzar el objetivo fundamental del empleo decente para todos. Transformarlo es, entonces, un deber ético urgente.
