Tradiciones e imposiciones

Hace tiempo que señalo el error garrafal de otorgar a los regentes del Tribunal Electoral la condición de sumos sacerdotes. Y ellos, que se tomaron en serio el papel y carecen de la continencia que aconseja el sentido común, insisten en desorbitarse produciendo nuevas aberraciones, so pretexto de “fortalecer nuestra democracia”.

Así como lamentable fue su comportamiento cuando PB embarcó al país en su insensata intentona reeleccionista; también lo fue cuando se produjo el escándalo nunca esclarecido, por cierto, de la aparición en los depósitos de una empresa privada de decenas de miles de “tarjetas base” para la confección de cédulas que, si eran defectuosas, debieron haber sido destruidas o estar bajo la custodia del Tribunal.

Y no menos ocurrió cuando se inventaron la novedosa teoría de la “sustracción de materia”, para exonerar a la candidata del PRD; o cuando se empeñaron en defender y aplicar el artículo 233 del Código Electoral, flagrantemente inconstitucional, declarado así por la Corte Suprema, a pesar de varias advertencias y recursos que desestimaron con “auténticos galimatías jurídicos”, con la deliberada intención de perpetuar el monopolio de los partidos sobre la candidaturas presidenciales.

Pero como los susodichos son incansables y recurrentes, recientemente han añadido dos “nuevas contribuciones” a su rosario de inconsistencias: la primera, “un nuevo chorizo de reformas electorales (97 propuestas en total)”, que nada tendrían de pecaminosas si, en verdad, estuvieran encaminadas a democratizar el sistema electoral panameño, pero que lo son porque en ellas se trasunta la reiterada intención de los “tres ilustres magistrados” de fortalecer la partidocracia y el imperio del dinero en los procesos electorales; y, la segunda, su insensato afán de imponer sus tentáculos controladores, ignorando las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales.

Demostrado está por la historia, con múltiples ejemplos, pero “los tres iluminados” todavía no se han enterado, que las fórmulas políticas impuestas en contra de las tradiciones y creencias de los pueblos, terminan en rotundos fracasos. Los cambios de las mentalidades políticas y sociales no se imponen de la noche a la mañana; y sólo tienen éxito cuando son el producto de una evolución gradual, asimilada por convencimiento de quienes las viven y sienten.

¿A qué viene, entonces, que los “oráculos electorales” quieran imponer a las comarcas, o a una en especial, que es peor, sistemas y fórmulas que sus habitantes no sienten como propias? Un mínimo de sensatez y sentido común aconseja que, antes de querer imponer criterios extraños, se utilice el camino de la construcción de consensos y que cualquier cambio que se pretenda introducir contribuya a la integridad de la comarca y no a su fraccionamiento, mediante el estímulo de rivalidades internas.

En este caso, el argumento de que el país es uno solo y todos tenemos que entrar por los mismos canales es inconsistente. Las comarcas existen porque sus pueblos, que forjaron sus tradiciones antes de que los conquistadores llegaran a estas tierras, defienden su derecho que sus usos y costumbres no desaparezcan. Y esa realidad no la pueden desconocer con un “decretazo” tres caballeros de “dudosas virtudes democráticas”. La sensatez aconseja el diálogo; la imposición y los caprichos son contraproducentes. ¡Ojalá así lo entiendan los caballeros de marras! O que alguien se los haga entender, cuando aún hay tiempo.