Tranque del tránsito
Desde que se inició el gobierno panameñista, el transporte terrestre está sumido en la peor de las crisis que se tenga memoria. Predomina un tranque cerebral en las autoridades que tienen capacidad de tomar decisiones para ordenar el tremendo enredo creado porque no se sabe quién manda.
El presidente Juan Carlos Varela puso en ridículo al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, al negar ante furibundos choferes de Mi Bus que se había llegado a un acuerdo con la empresa. Fue obligado a firmar un papel de acuerdo de liquidar las prestaciones sociales de los pilotos si Mi Bus abandona el servicio.
Varela estuvo dispuesto a firmar cualquier cosa para evitar la continuidad del caos social que afectó a miles de usuarios, impactando sobre todo el horario regular de las labores de numerosas empresas privadas y públicas.
En el diálogo efectuado bajo la presión indignada de los choferes no estuvieron presentes los ministros de Trabajo y Gobierno ni las autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Quedaron pintados en la pared por el protagonismo del mandatario que no pierde una procesión religiosa para captar simpatías populares, pero que está generando antipatías por el estilo epiléptico del gobierno.
Por el otro lado, predomina mucho más la incertidumbre de los buses piratas. El diputado panameñista Diógenes Vergara, que preside la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, apoya a los transportistas piratas que cobran a los usuarios lo que les viene en gana, cierran calles y amenazan con acciones mayores si se siguen usando grúas para sacarlos del servicio no por estacionamiento indebido, sino por infracciones inventadas para castigarlos con el alto precio de las grúas.
El caos del transporte público se incrementa con el retorno de los “diablos rojos”, cuyos transportistas fueron indemnizados a partir de 2010 para dar paso al servicio de Mi Bus con la llegada de 1,200 nuevas unidades. Los propietarios de los “diablos rojos” recibieron $100 millones en concepto de indemnizarlos por la conclusión de su deficiente servicio. Pero los temidos buses han vuelto a las calles con el visto bueno oficial para atenuar el incumplimiento del contrato suscrito por la empresa colombiana que recibe subsidios estatales millonarios para costear los pasajes y el uso de tarjetas prepago en forma obligatoria.
El panorama muestra fracturas que agravan el servicio a los usuarios. Mi Bus no satisface la demanda del servicio, lo que engendra las protestas, sobre todo, en las horas pico. Subsiste la anarquía de los buses piratas que aprovechan para elevar los pasajes. Ahora los usuarios enfrentan las tardanzas de las unidades de Mi Bus, los abusos de los transportistas piratas y los peligros de subirse a los “diablos rojos”.
Los transportistas son duchos en doblegar los brazos de los gobiernos. Presionaron al gobierno de Mireya Moscoso para que el Banco Nacional les asignara préstamos para comprar nuevas unidades. La gran parte de los buses fueron confiscados por el incumplimiento de los préstamos.
El gobierno de Ricardo Martinelli es el gestor de la modernización del transporte. Con Varela el transporte ha retrocedido.
