Transfuguismo y legitimidad

Un tránsfuga es todo aquel que ocupa un cargo público representativo y que no se mantiene en el grupo político que le otorgó el espacio de postulación que por correspondencia jurídica le pertenece al partido. No hay curul ni representación de índole política a título personal, por lo menos ni la Constitución ni las leyes así lo reconocen.

En nuestro sistema político electoral, normalmente en regiones pequeñas, el voto es más personal; pero no deja de significar que el elector emite su voto manifestando una opción partidista entre otras distintas y está mostrando una adhesión a una candidatura pluripersonal.

Los tránsfugas pierden la razón lógica cuando argumentan diferencias a lo interno de sus colectivos de inicio; y es que en el marco del debate conceptual, el transfuguismo no es ideológico ni estratégico ni táctico; concretamente conlleva motivaciones de carácter personal y económicas.

Pudiera ocurrir que por razones de índole metodológica, con su respectiva dosis doctrinal, surjan diferencias que obliguen al distanciamiento entre uno y otros miembros del colectivo y luego se pretenda pasar a otra organización mucho más afín, en principios, métodos y doctrina; este no es el caso del transfuguismo en Panamá.

En el caso panameño, el transfuguismo puede ser considerado como una estafa a la voluntad popular cada vez que alguien que accede por un partido político abandona al mismo por discrepancias infundadas pero no renuncia a la curul o al espacio legislativo que le correspondió al propio partido. Esto se agrava en aquellos supuestos en los que el tránsfuga se vuelve amanuense del orden ejecutivo, o sea decide servir al gobierno, vulnerando un legítimo resultado electoral.

En el sistema electoral panameño, los partidos políticos obtienen determinadas cantidades de curules según sea su participación en votos, hasta un máximo de cuatro, dependiendo el tipo de circuito electoral; de esta manera, los que van saliendo electos lo hacen en el orden presentado por los partidos y en la obtención mayoritaria de votos por candidato a lo interno del propio colectivo, al grado de que se le asigna la curul que le pertenece al partido al que más voto tenga en un conteo matemático proporcionado, según sea el caso, entre cociente, medio cociente o residuo. Ante todo ello, la prohibición del mandato imperativo se presenta como un freno o límite del sistema de partidos. Se puede decir que asistimos a una contradicción política en la que los diputados salen por el sistema partidista sin embargo no hay la consistencia en ellos. ¿Qué ocurriría si un partido político tiene cuatro diputados en nuestro sistema de Asamblea Nacional y estos cuatro deciden cambiarse de tolda? ¿Cómo queda el partido que, según el conteo de votos electorales, le correspondieron esas cuatro curules? Peor aún, ¿cómo queda la voluntad del pueblo que favoreció a ese mismo partido dándole tantos votos como para obtener las correspondientes curules? Los tránsfugas no tienen razón cuando se creen que han salido por ellos mismos mas no por los partidos que los postularon. La experiencia electoral panameña está en que el votante, por lo menos en las últimas elecciones, no vota por persona en los lugares de alta densidad electoral sino por partido; de lo contrario no hubiese tanta mediocridad e incapacidad en nuestro sistema parlamentario. Los hay quienes solos ni en sus casas votarían por ellos. La legitimidad electoral apunta en la dirección de que urge una nueva legislación electoral que corrija esta vulnerabilidad en la cual el pueblo, como soberano supremo, pueda seleccionar a sus diputados indistintamente del partido en el que son postulados.

El fenómeno del transfuguismo, nada nuevo ni extraño en el sistema político globalizado, tal cual como están planteadas las reglas del juego para elección de representaciones institucionales, sea legislativo o de consejos municipales, pone en peligro los cimientos fundamentales de nuestra democracia.

El transfuguismo está hiriendo nuestro sistema de democracia; por ende, corresponde al Tribunal Electoral tomar cartas en el asunto y retomar de manera seria y responsable el principio de la revocatoria de mandato y no cobijarse en el camino fácil de que es una decisión exclusiva del Órgano Legislativo y sus componentes.

Economista.