Transporte
El diputado Tito Rodríguez presentó en el mes de enero un proyecto de ley de transporte alternativo que puede colaborar a morigerar la crisis actual del transporte público de la capital, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera. Esta iniciativa permitiría que personas particulares puedan prestar servicios especiales de transporte público, utilizando taxis colectivos generales o especiales para atender necesidades de trabajadores, estudiantes, mujeres y áreas de difícil acceso.
El proyecto limita la autorización solo a vehículos de una capacidad de 16 pasajeros, pero la Comisión de Transporte podría aumentar a unos de mayor número si se destinasen al servicio de trabajadores para que la colaboración no tenga restricciones, dada la envergadura de la crisis del transporte masivo en las zonas donde se agrava la desarticulación del sistema.
La iniciativa incluye la vigencia del servicio de transporte alternativo a dos años, aceptando la posibilidad de ampliar la autorización, si se comprueba la existencia de pasajeros en número suficiente para estabilizar las nuevas rutas o apoyar las existentes.
Las empresas privadas tendrán a su alcance una fórmula viable para mejorar la puntualidad de los trabajadores que residen en áreas distantes del centro de labores. Deben considerar el alquiler o la adquisición de los vehículos no como gasto, sino como inversión dirigida a asegurar y fortalecer la productividad de mercaderías o servicios, por lo menos hasta que se incorporen más unidades rodantes del sistema metrobús o se inicie el funcionamiento del metro.
Por otro lado, el transporte alternativo permitiría la legalización de los taxis y vanes clasificados como piratas, pues deberán cumplir las mismas obligaciones reglamentarias del transporte corriente: registro del vehículo en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, licencia de conducción del piloto, póliza de seguro, revisión anual del estado mecánico del vehículo.
Las sombrías perspectivas derivadas del inmovilismo de la crisis aconsejan que se ponga las pilas la comisión encargada y analice cuanto antes el proyecto, con las enmiendas o correcciones atinentes al mejoramiento de la iniciativa presentada antes de la crisis que están soportando miles de usuarios.
La misión de la Asamblea Nacional debe concentrarse en una eficiente y rápida contribución a la salvaguarda de los derechos de los panameños de a pie y no enfrascarse en propuestas politiqueras para, so pretexto de interpelaciones a las autoridades, perder el tiempo en debates innecesarios.
La transición del pasado deprimente de los “diablos rojos” a un nuevo sistema de transporte se ha presentado como un doloroso alumbramiento debido a la inobservancia de las cláusulas del contrato de la licitación. Ha llegado el momento de tomar decisiones que garanticen el cumplimiento integral del contrato.
Mientras tanto, debe ponerse a funcionar la capacidad de creatividad de los órganos estatales en una dirección similar al proyecto de ley del transporte alternativo. Olvidémonos definitivamente de los “diablos rojos”, que pronto serán desarmados y vendidos como chatarra. Ha llegado la hora de encarar el presente.
