Traspiés en la PN
Pasadas las 48 horas de la toma del poder, el gobierno panameñista ha cometido una inadmisible transgresión al ordenamiento jurídico: nombrar a un policía como director de la institución, contradiciendo el dispositivo que establece que solo un civil puede desempeñar la función de director. La ley orgánica no puede ser modificada por un decreto, sino por otra ley, jurídicamente hablando. Existe un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la anulación del decreto que fue alterado por el gobierno de Martín Torrijos. Pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea, por lo que representa un atentado contra el ordenamiento constitucional. La CJS debe fallar para aclarar el legicidio.
Mal principio de un gobierno que incurre en la contradicción de combatir la delincuencia, con un nombramiento ilegal. Se impone la suspensión del nombramiento policial y que un civil asuma el cargo. El presidente Varela ha declarado que su propósito es eliminar la política en la dirección de la Policía, devolviéndole la función presuntamente arrebatada.
La declaración presidencial no tiene en cuenta que la obligatoriedad jurídica de nombrar una personalidad civil se fundamentó en los principios democráticos que rescató la jerarquía de la autoridad civil en la dirección de un cuerpo de policía que participó en la ejecución de acciones violatorias de los derechos humanos. Bajo el régimen democrático, iniciado a principios de los 90, los gobiernos de Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso acataron la Ley Orgánica de la Policía Nacional hasta el desacato del gobierno del PRD de Martín Torrijos.
No es el primer gazapo del nuevo gobierno. El presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, dijo al asumir el cargo que con él se inicia el adecentamiento de la institución, sin reparar que lo expresó en presencia de los mismos parlamentarios que antes estuvieron en las filas supuestamente de la indecencia. Hay autoelogios que pueden interpretarse como injurias. Por arte de magia los indecentes de ayer son los decentes de hoy.
El camino del gobierno panameñista parece empedrado de buenas intenciones para preservar la paz y alentar consensos políticos. Por lo pronto, no hay paz, sino guerra intestina entre los socios perredistas. Es complicado asociarse con los que están enredados en un campo de batalla de insultos obscenos, golpes en el rostro de parlamentarias, inequidad de género, reclamos de renuncias en la dirección del PRD. Los compromisos de gobernabilidad no deben estar supeditados a los vaivenes de la inestabilidad política.
Cada nombramiento en funciones públicas debe condicionarse a la previa revisión de los antecedentes de los postulantes. La opinión pública no es amnésica. Guarda en la memoria colectiva quién es quién en el mundo político, quién califica positivamente y quién descalifica por investigaciones del Ministerio Público y actos de vulgaridad.
No hay que confundir prisa con precipitación. La Constitución señala que es atribución del presidente de la República nombrar y separar los directores y demás miembros de los servicios de la Policía. Se complementa el artículo con la ley orgánica aprobada con el voto favorable en segundo y tercer debates de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.
