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Tribunal Electoral e intereses dominantes
Nuestro país, tal como hemos insistido en artículos anteriores, se encuentra en una difícil trayectoria que, caracterizada por la crisis estructural y la disfunción institucional, apunta hacia convertirnos en un Estado fallido. En efecto, en la medida en que por este último se entiende la presencia de un Estado incapaz de realizar las funciones básicas necesarias para satisfacer las necesidades elementales de la población, resulta obvio el camino que viene siguiendo nuestra sociedad: degradación de los sistemas de salud y educación, problemas con el abastecimiento del agua potable, creciente inseguridad ciudadana, progresiva desaceleración económica, dificultades del transporte y del ordenamiento territorial, carencia progresiva en el plano de la seguridad y la soberanía alimentaria, por solo mencionar algunos aspectos del problema.
Frente a esto no queda duda de que el país precisa de un profundo proceso de refundación, producto de un amplio debate político, que permita establecer el proyecto de país que con suficiente democracia, sostenibilidad ambiental, justicia y equidad social, permita el máximo desarrollo posible de las potencialidades de todos los panameños. Las elecciones del año 2019 deberían ser abordadas en estos términos, hecho que las reformas electorales propuestas por el Tribunal Electoral, con la complacencia del Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales, dificultan y limitan en su afán de defender el sistema de la partidocracia.
Si algún efecto ha tenido la presencia de las candidaturas independientes, viabilizadas por la figura jurídica de las candidaturas de libre postulación, ha sido el de profundizar el necesario debate sobre el futuro del país. Estas se han constituido, además, en una posible alternativa frente al clientelismo y la corrupción de la partidocracia.
Esto explica la razón de por qué las reformas propuestas por el Tribunal Electoral apuntan hacia la eliminación de las candidaturas independientes. De acuerdo con estas, un candidato independiente tendría que recoger la misma cantidad de firmas de adherentes que un partido político, con la diferencia de que este último podría hacerlo en cinco años, mientras que el independiente, en el mejor de los casos, solo contaría con un año. Más aún, el independiente de libre postulación podría, aun cuando alcance este número de firmas, quedar excluido de la contienda electoral, ya que la ley señala que solo los tres que obtengan más adherentes podrán participar, mientras que cualquier partido que obtenga las firmas podrá postular candidatos. Más aún, la ventaja que para la libre postulación representaba la presencia de libros móviles es eliminada, y se exige que las firmas para la libre postulación se realice con libros estacionarios.
Es así que mientras que el Tribunal Electoral pretende gastarse la escandalosa cifra de $100 millones, dándole un enorme respaldo a la partidocracia corrupta, niega la posibilidad real de cualquier forma de candidatura de libre postulación, las que como hemos afirmado no necesitan de muchos recursos sino de que en el país se permita un amplio debate en torno a cómo superar la crisis. La carencia de una clara actitud democrática y ética del Tribunal Electoral solo muestra el profundo deterioro de las instituciones del país.
Economista
