Un amplio debate
En cualquier país del mundo reformar la Carta Magna, la norma fundamental que rige la institucionalidad del Estado, es una tarea de vital importancia. La Constitución Nacional es la madre de todas las normas, la primera herramienta legal para la defensa de cualquier ciudadano, y su redacción no debe ser producto de la improvisación ni de los mezquinos intereses de ningún sector en particular.
Bien hizo el presidente Ricardo Martinelli en nombrar a una comisión de notables que se encargue de analizar y consultar las reformas constitucionales.
En la lista de los nueve juristas que componen esta comisión resaltan nombres de personas honorables, independientes, conocedoras del Derecho Constitucional, que han demostrado probidad en el transcurso de su vida pública.
La presencia de estos notables en el proceso de reformas transmite confianza a la sociedad panameña y a la mesa de concertación que se establezca en el futuro para tratar el tema.
No obstante, hay cosas que no están claras. Los panameños exigimos conocer concretamente cuáles serán los temas que se incluirán en estas reformas, qué mecanismo se utilizará para su aprobación y cómo se garantizará que las consultas abarquen a todos los sectores de la sociedad.
El Gobierno debe tener claro que en este tema ningún sector puede quedarse sin opinar. En esto no caben las diferencias políticas, sociales o económicas.
El presidente Martinelli tiene que desoír las voces de siempre, que lo han mal aconsejado en el pasado en temas tan sensibles como la aprobación de la “ley chorizo” y las reformas a la Ley de Minería.
No hay apuro para pasar estas reformas, los únicos interesados en aprobar cambios a tambor batiente son los que tienen intereses oscuros que se niegan a debatir en público.
La oportunidad es propicia para corregir los vicios existentes en el país y para cortar de raíz la galopante corrupción que existe entre los órganos del Estado. La sociedad tiene sus ojos puestos en estas reformas, decepcionarla sería terrible.
