Un cambio radical
Al margen de las diferencias entre José Raúl Mulino, quien renunció a su cargo como ministro de Seguridad, y Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, es urgente hacer cambios en la estructura responsable de brindarle seguridad a los ciudadanos.
Las críticas sobre los estamentos de seguridad no han cesado en los últimos dos años. Las estadísticas criminales dejan en evidencia que las organizaciones delincuenciales cabalgan a un ritmo superior a las entidades del Gobierno.
La capacidad logística de los criminales, entre ellos las redes de narcotraficantes, es cada vez más moderna. Los narcos poseen más recursos y armamentos que las propias autoridades.
Sin hablar de los delincuentes comunes que se dedican a asaltar abarroterías y hurtar en las viviendas, las zonas residenciales siguen a merced de estos maleantes, que juegan con los bienes de la población.
Las rondas policiales deben ser constantes y en la actualidad no es así. Los despachos de instrucción deben ser más eficientes en tramitar los casos y no resolverlos años después.
La ciudadanía ha perdido la confianza en los estamentos de seguridad. En la medida que se sigan reportando balaceras en cualquier lugar y hasta cuando no se depure realmente la Policía Nacional, la historia no cambiará.
La corrupción es un mal que se encuentra a todos los niveles, pero es más peligrosa en instituciones llamadas a proteger a la población.
Los índices de criminalidad pueden disminuir, si se ponen en práctica estrategias conjuntas entre las autoridades y la sociedad civil. Un país seguro abre las puertas a más desarrollo y mejores condiciones de vida.
Los cambios son necesarios y urgentes. Es muy buen momento para eso.
