Un campo en franca desaparición
La falta de políticas efectivas y la incapacidad por parte de las autoridades para impulsar el desarrollo rural e insertar a los sectores productivos agrícolas en la economía nacional ha empeorado la brecha entre el campo y la ciudad. Por años los gobiernos han dedicado importantes esfuerzos para promover a Panamá como un país con ventajas comparativas en el comercio y el servicio, pero en el camino han olvidado a uno de los sectores más dinámicos de toda economía: la agricultura.
Actualmente, las actividades rurales de producción primaria, pesca, acuicultura y forestación conforman apenas el 3% del PIB. El panorama anteriormente descrito muestra una triste realidad, que sumado a la volatilidad de los precios de los alimentos, el crecimiento demográfico, el cambio climático y la baja inversión pública ponen en jaque a un sector agropecuario cada vez más debilitado. Y para muestra, un botón.
El arroz es el rubro por excelencia de la canasta básica de los panameños, pero la cantidad de hectáreas sembradas disminuyó en los últimos tres años en 20,000 hectáreas. El número de arroceros decayó en más del 30%, de 802 en 2010 a 516 en 2013. La productividad y el rendimiento por hectárea bajaron de 120 quintales a un promedio de 85. El precio que los compradores pagan por quintal se estancó en $20, a pesar de que el precio de equilibrio sobrepasó los $24 en 2011, con lo cual los arroceros ahora pierden más de $300 por hectárea. Los precios de los agroquímicos se duplicaron en los últimos 10 años, al igual que la propagación de plagas. El crédito agropecuario, anteriormente una estrategia de crecimiento e inversión, se convirtió en esta última década en una herramienta de presión; más de 400 productores le adeudan al BDA más de $3 millones, lo cual motiva el acaparamiento de terrenos rurales para fines inmobiliarios y fincas convertidas en proyectos turísticos y en edificios de playa. Y lo peor es que el Presupuesto General del Estado para el 2014 asignó al agro $36 millones menos que el año anterior. Pero como si lo anterior no fuera suficiente tragedia, el sector agropecuario ahora tiene dos nuevos frentes enemigos: la intermediación y la importación. Por un lado, sin invertir ni un solo real, los intermediarios lucran del negocio del arroz. El productor vende (¡con pérdidas!) a $20 por quintal, el molino vende al supermercado a $50 por quintal y el consumidor paga entre $60 y $80 por quintal. Como dice el refrán, el que parte y reparte le toca la mejor parte. Y por el otro lado, sin importar el sacrificio ni el riesgo de sembrar, los importadores utilizan la herramienta de la “Bolsa” para especular, negociar y “chantajear” a los indefensos arroceros.
EL PAÍS REQUIERE DE UNA REFORMA AGRARIA, QUE PROPORCIONE CRÉDITOS PARA LA COMPRA DE TIERRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE NO TENDRÍAN ACCESO A RECURSOS DEL MERCADO DE CAPITALES. HAY QUE PROPORCIONAR UN SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA GENERAR MAYORES NIVELES DE RENDIMIENTO.
En el 2013, a punta de contingentes y “bolsazos”, se importaron más de cuatro meses de producción de arroz: 214,000 quintales según el contingente de la OMC, un millón de quintales por “supuesto desabastecimiento”, 550,000 quintales, según el Tratado de Promoción Comercial y 550,000 quintales para vender en las ferias libres del IMA. Ciertamente, con una realidad así, ¿quién quiere sembrar? Con lo cual queda demostrado que la politiquería suplantó a la estrategia, que la especulación venció a la producción, la presión superó a la inversión. Lo único que quieren y necesitan los productores es que el Gobierno defina las reglas de juego y ayude a maximizar la producción. Las soluciones pasan por un conjunto de iniciativas integrales que incluyen estrategias para aumentar el rendimiento de los cultivos, mejorar el acceso a créditos y a la tierra, y soluciones prácticas implementadas a nivel comunitario.
Hace unas semanas escribimos sobre la importancia de las escuelas rurales como mecanismos para eliminar los bolsones de pobreza, las cuales se han acentuado como consecuencia del cese de actividad y el éxodo hacia la ciudad.
El rescate del agro no será tarea fácil. Ni el Gobierno ni la empresa privada lo podrán solos; se requiere del concurso de todos los actores de la sociedad y de la economía en general. Si bien el apoyo al productor y el fomento a la producción son fundamentales para resucitar el campo, no deben ser vistos como un fin en sí mismo. Nuestra opinión es que el país requiere de una reforma agraria que proporcione créditos para la compra de tierra a pequeños productores que normalmente no tendrían acceso a recursos del mercado de capitales. Y además de viabilizar el crédito, hay que proporcionar un sistema de asistencia técnica y de acompañamiento a los productores para generar mayores niveles de rendimiento. Todo como parte de una política de Estado, de una estrategia para salvar al país.
El próximo Gobierno tendrá una tarea puntual que cumplir: darle al campo su verdadera importancia y a sus productores su dignidad. Lograr esta meta dependerá de la inversión que realicen en tiempo y recursos, dos criterios fáciles de evaluar y sobre los cuales estaremos pendientes durante los próximos cinco años para asegurar su cumplimiento.
