Un derecho penal en peligro
Me ha correspondido, merced a mi profesión de abogado que he venido ejerciendo por casi tres décadas con acendrado fervor de jurista y con vocación de docente, ejercer más defensa que acusaciones. El número de acusaciones que he presentado, a cuando mucho, no creo que superen las cinco; sin embargo, en lo concerniente a fungir como abogado defensor, creo que he sobrepasado, con toda modestia, las mil defensas. He visto, en consecuencia de ello, casos que guardan relación con casi todos los delitos que contemplan, en su momento de vigencia, los códigos penales que hemos tenido en este país, y sus numerosas reformas, empezando con el Código Penal Royo de 1982.
Y es que, al parecer, cosa que aún no concluyo del todo, el derecho penal pareciera haberse ideado, según el surgimiento de las civilizaciones, para la defensa del acusado, más que para la acusación, ello sin detrimento de que en los últimos años, el derecho penal ha venido dando cauce a modernas concepciones que transitan por claras lecturas de un derecho penal de triple vía: sancionador, reparador y de reinserción social.
Es en virtud de lo anterior que me he definido como un defensor, per natura, de los principios y dogmas que han hecho a la humanidad transitar o dar el paso de la incivilidad a la civilidad, al gobierno antes que al desgobierno, a la justicia antes que a la irracionalidad y al absolutismo. Me he declarado enemigo de un derecho especulativo, aquel que solo existe o media en la conjetura o en la sospecha, apartándose de la prueba indubitable y plena que, sin duda alguna, confirma la existencia de un delito o hecho punible lo mismo que la existencia de uno o más autores.
Por ello es que he venido orientando sobre la necesidad de que, ante cualquier juicio de imputación o de responsabilidad penal, misma que emerge, con frecuencia de opiniones de legos en la materia jurídica, más que de jueces y fiscales, siendo estos los primeros los que pronuncian el
derecho en nombre del Estado, es menester que racionalicemos bien las cosas de modo tal que no caigamos en la injuria o de la calumnia. Claro está, sin desmedro del derecho ciudadano, de todos, a opinar y emitir opiniones o criterios sin menoscabo de esa libertad de expresión, pero siempre en la procura de que aquello que afirmemos o digamos pueda, ser probado en los tribunales .
No podemos lanzar expresiones, atribuir hechos y circunstancias, todo al amparo de la odiosa conjetura o bajo el techo del bochinche o del chisme. El territorio político, de ninguna manera, puede invadir el ámbito del derecho, menos el de los tribunales, o que jueces y fiscales terminen dando cuentas, como postrados mojigatos, a los medios de comunicación antes que la Constitución y a la ley.
Es menester, luego, una cultura de raciocinio, de veracidad, de mesurada actuación política, de gobierno y de oposición, en la que impere un ambiente de seriedad y de respeto, de parte y parte, de modo que se destierre la chismografía o el bochinche, para que así, podamos montarnos y marchar a galope sobre los lomos de la verdad objetiva, de la prueba plena, sabiendo que no podemos aliarnos con el chisme, para atribuir acciones y resultados tipificándolos de delictivos, a personas, de oposición o de gobierno, sin que exista siquiera un atisbo penal probatorio.
No podemos retornar al derecho penal de autor y desconocer el derecho penal de acto. Antes, para distinguir a ambos, se solía decir “que si un negro corría en la madrugada había que detenerlo y apresarlo porque de seguro estaba robando”, -soy enemigo del despectivismo, por ello la cita- pero que “si era un blanco que corría en la madrugada era porque se estaba ejercitando”. Ahora, da tristeza, que, a otro nivel, digamos: “Si es presidente o ministro o funcionario es porque está robando”. Y menos aún sostener “que si tal o cual empresario ha logrado amasar fortuna o hacerse de mucho dinero es porque blanquea capitales o anda en el narcotráfico”. Cuando se tenga la prueba de un hecho delictivo, basta con denunciarlo o querellarlo, pero acompañando la prueba de su existencia.
Abogado.
