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Un fallo polémico


Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron de forma unánime y establecieron que Bosco Ricardo Vallarino es ciudadano panameño desde julio de 2009, cuando se oficializó una resolución de la Asamblea Nacional en la que se le restablecieron sus derechos ciudadanos.

En el fallo los magistrados declaran inconstitucional la retroactividad de esa resolución, que advertía que Vallarino había recuperado su nacionalidad desde el año 2000.

La decisión de la Corte Suprema ahora abre un interesante debate político en el que las miradas estarán enfocadas al Tribunal Electoral.

Si Vallarino no era ciudadano panameño antes de 2009, ¿podía postularse como candidato a la Alcaldía de Panamá? Si se toma como referencia el fallo de la Corte Suprema, lógicamente que no. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral deben pronunciarse sobre este caso y aclarar cuál sería el estatus de la nómina de Vallarino, en la que estaba la actual alcaldesa Roxana Méndez.

A pesar de que Vallarino renunció a su cargo aduciendo problemas de salud, es oportuno abrir un debate jurídico sobre la potestad de la Asamblea de devolver derechos ciudadanos. También sienta un precedente interesante en materia electoral.

Las reglas para aspirar a cargos de elección popular son claras, sin embargo, cuando se registran casos como el de Vallarino quedan muchas dudas sobre los procesos para admitir una candidatura.

Al margen de la política partidista, es importante establecer que una vez electos los políticos se convierten en autoridades de todos los ciudadanos. No hay duda de que este fallo de la Corte tendrá sus implicaciones sobre la vida política del país.