Un mal recurrente
El pasado 9 de enero, seis jóvenes que se mantenían recluidos en el Centro de Custodia de Menores, ubicado en el corregimiento de Tocumen, fallecieron tras sufrir quemaduras en su cuerpo, luego que se registrara un motín.
Ni las cicatrices del único sobreviviente han sanado ni el dolor que embarga a los familiares de quienes murieron en esa revuelta ha pasado, cuando una nueva tragedia vuelve a aparecerse en el penal.
Ahora, 15 menores resultaron con quemaduras, luego que el domingo y lunes se dieran dos motines entre integrantes de bandas rivales. Ocho de ellos se mantienen en la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás.
Para colmo, la Policía Nacional inició ayer un operativo de búsqueda de un grupo de menores que se evadió del centro de reclusión.
Las preguntas del caso son: ¿Por qué tanta irresponsabilidad en materia de seguridad en estos centros? ¿Por qué las autoridades del Gobierno Nacional se mantiene distraídas en otros temas y no actúan para evitar estos lamentables incidentes?
No puede ser que los menores sean los que impongan las normas de seguridad y respeto en un centro que, supuestamente, es para la rehabilitación de quienes un día incumplieron las leyes.
Las normas de prevención y seguridad deben aplicarse cuanto antes, respetando los derechos humanos de quienes allí conviven.
Tras la tragedia de enero, cuyas investigaciones aún están abiertas en el Ministerio Público para conocer quién o quiénes fueron los responsables, la primera reacción del titular de Seguridad fue darle plazo se seis meses a su similar de Gobierno para que iniciara un plan de reclutamiento de custodios para garantizar la vigilancia total en los centros penitenciarios del país.
Ya culminó ese periodo y poco se conoce del proceso de captación de nuevos vigilantes.
El mal siguen siendo recurrente en los centros de cumplimiento de menores y mientras esa inacción se mantiene, más vidas de jóvenes siguen en peligro.
