Un ministro de clase
Rompiendo el profundo mutismo que ha venido caracterizando al más alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas frente a los graves problemas económicos y sociales que aquejan el país, él mismo ha declarado de la manera más presuntuosa posible que se opone de manera rotunda a cualquier aumento general de salarios. Olvida así el flamante ministro que el conjunto de los asalariados han sido víctimas del proceso inflacionario, que ha llevado a que el salario medio del panameño resultara ser a finales del año pasado inferior en 17.5% al observado en 1995. Esto expresa un proceso que ha provocado una redistribución regresiva del ingreso, por medio de la cual los asalariados vienen perdiendo anualmente cerca de 2 mil millones de balboas, los que, principalmente, van a parar a las ávidas arcas de los empresarios especuladores quienes han radicalizado el proceso inflacionario que vive el país.
Se podría, de manera cándida, pensar que lo que busca el muy ilustrado ministro es concentrar su esfuerzo en mejorar las condiciones de los asalariados que reciben el salario mínimo. Esta sería, sin embargo, una interpretación equivocada de la realidad. En efecto, si tenemos en cuenta la situación de los llamados “subocupados invisibles”, debemos observar que solo para el caso de la empresa privada la última encuesta de hogares mostró que en la misma laboraban no menos de 95,845 trabajadores a los que se les violó su derecho a recibir por lo menos el salario mínimo, frente a lo que el encargado de la economía del país ha guardado absoluto silencio. El desinterés del gobierno ha llegado al extremo de que, de acuerdo a esa misma fuente, existen cerca de 3,663 trabajadores públicos a tiempo completo a los que se les desconoce su derecho al salario mínimo. Más aún, ninguna de las autoridades que tienen que ver con la economía, el trabajo o el sector social han dicho como piensa el gobierno hacer frente al impacto que sufren 385,226 panameños y panameñas que trabajan como cuenta propia, a los que se deben sumar los 64,347 trabajadores familiares, quienes carecen de toda protección frente al fenómeno inflacionario.
Es evidente que existen alternativas al pensamiento oficialista. Es así que una parte de la solución del problema estaría dada por un incremento general de salarios, el cual debería acompañarse de un congelamiento de la canasta de los productos básicos, junto a un endurecimiento de las leyes y políticas antimonopólicas. En este último caso, la idea sería la de golpear a los comerciantes especuladores, que no aportan nada al bienestar, redistribuyendo el ingreso hacia los productores nacionales de bienes básicos, quienes merecen un precio remunerativo, y hacia los sectores populares, para quienes es indispensable contar con precios accesibles e ingresos suficientes. Se trata de una salida democrática, la cual, desde luego, no será implementada en condiciones en que quien dirige la economía hace parte de la clase dorada que en la búsqueda del lucro insaciable sacrifica el bien común. Definitivamente el país necesita gobernantes de otra clase.
