Un país impune que viaja hacia su pasado

"Este país está enfermo?muy enfermo y no puedo hacer nada al respecto?Sé que hay malos elementos en mi gobierno que están haciendo mucho daño, pero le aseguro que es imposible para mí frenar esto en virtud de la ley. Panamá tiene tantas e igualmente tan malas leyes que un abogado astuto puede llegar a probar cualquier cosa y si no puede llegar a probar su tesis, puede inducir al juez a pronunciar cualquier sentencia a su favor?y constitucionalmente estoy imposibilitado de interferir con la justicia. No puedo hacer dimitir a los jueces".

El párrafo anterior, por más actual que parezca, lo escribió, en uso de sus funciones como presidente constitucional de la República de Panamá, el ingeniero Florencio Harmodio Arosemena en 1930 al Encargado de Negocios de Estados Unidos en Panamá, Benjamin Muse.

Y es que la impunidad en este país es parte de nuestra cultura, lamentablemente. La justicia ha sido utilizada con fines políticos y revanchistas desde el propio 1903. Solo basta recordar cómo al doctor Belisario Porras se le retiró la ciudadanía por una columna donde se opuso a la forma como Panamá se independizaba, entregando un pedazo de su territorio a los Estados Unidos. Sus detractores, para evitar su ascenso político en la nueva república, lo acusaron de traidor. Lo peor es que el Dr. Porras alegaba que ese territorio terminaría siendo un enclave colonial en nuestra tierra, como finalmente sucedió.

Torpemente, al Dr. Arnulfo Arias también se le privó de sus derechos ciudadanos luego del golpe de 1951. Cuando se les restablecen, solo un fraude y luego un golpe de Estado impidió su ascenso al gobierno.

Actualmente, los panameños tenemos muy poco interés en el sistema judicial. A casi nadie le interesa quién es miembro de la Corte Suprema de Justicia o cuáles son sus fallos. Simplemente, los ciudadanos entienden que la justicia está controlada por unos pocos y da igual quiénes ocupen esos cargos. Finalmente, el gobierno de turno modificará las leyes para sus propósitos particulares. Y por esto la ciudadanía no se involucra.

Los gremios de abogados no actúan en consecuencia con esta realidad. Quizás la acción más significativa en el último siglo ha sido la denuncia que terminó encerrando en la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado en ejercicio por corrupción. Pero no hay casi nada más.

Así las cosas, los panameños vivimos pendientes de no caer en el sistema judicial. Y esto provoca miedo y autocensura.

Para nosotros, la justicia más cercana es la de las corregidurías y juzgados de tránsito. Y ya usted me dirá sus experiencias con corregidores que, en muchos casos, ni siquiera son abogados y ni hablar de los jueces de tránsito, cuyos fallos son, por lo menos, lo más cercano a la "Tremenda Corte" del recordado "Trespatines".

Y como no confiamos en la justicia, entonces, lo que impera es el "juegavivo" y la coima. Queremos resolver todo con una llamada telefónica a ese funcionario que está "en la papa" y nos va resolver el problema.

Si conoces alguna persona, que no necesariamente debe ser un funcionario, pero sí debe tener las influencias adecuadas, sientes que eres impune. El "¿usted no sabe quién soy yo?", "¡tú no sabes quién es mi papá", etc., son el día a día de nuestros pobres agentes de la autoridad, mejor conocidos como policías nacionales, que deben hacer su trabajo cada vez más con pinzas, no vaya a ser que se topen a la sobrina de un viceministro cualquiera.

Ni hablar de la seguridad jurídica. A cada rato las empresas, ya sea nacionales o internacionales, se ven en desventaja debido al constante cambio de las reglas del juego por parte de quienes pueden modificar nuestras leyes y decretos, por lo que queda esa sensación, normalmente cierta, que se manipulan las cosas para beneficiar a los amigos del poder.

De nada sirve que esto siga así. Y es que no hay forma que la democracia madure ni que la institucionalidad del país se fortalezca si nuestra clase política y una parte del empresariado proclive a la corrupción de los primeros no ponen de su parte para acabar con esta situación.

El propio presidente Florencio Harmodio Arosemena, en la misma nota, presenta un resultado posible: "A la larga o a la corta, el país necesita un dictador?si Panamá quiere curar su enfermedad, necesita una dictadura absoluta. Es imposible curar la enfermedad de este país a menos que se deroguen la Constitución y las leyes?". Meses después, fue depuesto por el primer golpe de Estado en nuestra historia. Y su solución no ha resultado hasta ahora.

Ingeniero, estratega y consultor político