Un remedio equivocado
En Panamá, al igual que en los demás países, existe una crisis de seguridad social. Las finanzas de la Caja del Seguro Social tambalean, al tiempo que las primas de los seguros privados suben y sus beneficios bajan. El precio de las medicinas anda por las nubes y la población yace indefensa ante las inequidades del sistema. Los trabajadores temen por su bienestar y el de sus familias, y el dinero no alcanza para cubrir los gastos de salud ni las visitas médicas.
Y a pesar de todo esto, hay quienes dicen estar protegidos cuando realmente no lo están. Ese es el caso de Luisa de 56 años de edad. Su ocupación es conductora de bus escolar; tiene cuatro hijos ya graduados y cada uno tiene trabajo y familia.
Luisa se ha podido bandear gracias a que su esposo es empleado en una multinacional que ofrece cobertura a sus empleados y dependientes. Esto le permite a Luisa recibir 50% de cobertura de hospitalización, 80% de cobertura para visitas médicas y 100% de cobertura en caso de urgencias, además de la totalidad de medicamentos de prescripción que obtiene al ser beneficiaria de su esposo. Por lo visto, Luisa no tiene nada que preocuparse de dónde sacará el dinero para pagar sus gastos médicos y medicinas.
Y medicinas es lo que el sistema se especializa en ofrecer. Luisa toma diariamente dos tabletas para diabetes (metformina y glibenclamida), una para hipertensión (lisinopril), una para colesterol (simvastatina) y una para trigliceridos (fenofibrato). Para artritis toma un anti-inflamatorio (ibuprofeno) y un remedio más intenso (metotrexate). Además, tiene un médico regular al que visita cada tres meses. Si las autoridades de salud quisieran tener una referencia sobre lo que debiera ser una cobertura ideal, allí está Luisa que aprovecha de sus beneficios médicos.
¿Pero es esto realmente lo que queremos? Yo no creo porque desde su adolescencia Luisa viene aumentando de peso. Con su primer embarazo rompió la barrera de las 150 libras y desde entonces ha ido subiendo y subiendo, a pesar de todas las dietas que ha ensayado, incluyendo Atkins y South Beach. Con una altura de 1.80 metros y un peso de 240 libras, Luisa tiene un índice de masa corporal (BMI) de 36, suficiente para clasificarla como obesa Tipo II. Como tal, tiene altas probabilidades de morir de cáncer de colon o de mamas, o de desarrollar piedras renales. O tener diabetes por el resto de sus días, que con el tiempo se degenerarán en cataratas y eventualmente en ceguera debido a las hemorragias en la retina. Sus piernas se hincharán por la falta de irrigación sanguínea, lo que provocará amputaciones. Seguramente le fallarán sus riñones y quedará secuestrada a una máquina de diálisis tres veces a la semana. Toda su cobertura de seguros y sus años con lisinopril no ayudarán a bajarle su presión alta. La combinación de diabetes e hipertensión significa que antes de que llegue a su edad de retiro tendrá un 10% de probabilidades de un infarto y 30% de una enfermedad coronaria. La artritis en sus rodillas ciertamente le impedirá caminar, lo que traerá consigo una pérdida en la calidad de su vida.
Luisa tiene abundancia de coberturas; lo que no tiene es salud. Y no hay nada que el sistema pueda hacer por ella. Incluso, si las finanzas de la CSS se recuperaran hoy, el futuro de los panameños quedaría exactamente igual: adictos a los médicos y los medicamentos, y totalmente indefensos ante las verdaderas causas que producen la crisis de seguridad social.
Para ser precisos, la crisis de seguridad social no es actuarial, sino de salud. Por tanto, es vital es que las autoridades aseguren un entorno que propicie la salud de la población a través de mecanismos efectivos como el suministro confiable de agua potable, la producción de alimentos sin contenido residual de pesticidas, la generación de plazas seguras de trabajo y la habilitación de lugares de esparcimiento al aire libre. Y por supuesto en donde la gente gaste menos dinero en pólizas y coberturas, y menos tiempo en visitas a médicos que no solucionan el problema.
