Un sistema judicial que pierde
He insistido mucho, conforme se advirtiera en mi entrega de la semana pasada, en el tema del respeto debido a la libertad ambulatoria entendida esta como la libertad de moverse, transitar, caminar, desplazarse, libremente, sin mayor condición que el respeto a las leyes, a la propiedad privada, a la vida e intimidad de las personas, en todo el territorio nacional. Se trata de la libertad del cuerpo, la libertad de locomoción. El hombre, sin esa libertad no se concibe verdaderamente como un ser libre. Lo contrario a ella, sin duda alguna, es la privación de esa libertad o cualquier restricción a la misma que pueda representar, sea la casa por cárcel, el tratamiento intrahospitalario, arresto domiciliario, detención preventiva, prisión propiamente tal, etc.
EL CIUDADANO VA PERDIENDO CREDIBILIDAD EN LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA. Y, COMO SI FUERA POCO, LENTA Y PAUSADAMENTE, SE DESMORONA TODO REAL Y VERDADERO VESTIGIO DEL ESTADO DE DERECHO, ENTENDIDO ESTE COMO UN ESTADO TUITIVO DEL CATÁLOGO DE LIBERTADES CIUDADANAS.
He dicho, hasta la saciedad, en este país, que a los jueces penales les debe temblar, sin excluir a los fiscales, las manos cuando se trata de privar a un individuo o particular, de su libertad ambulatoria. Tampoco, sin duda alguna, debe haber atraso o retardo alguno cuando esos mismos jueces y magistrados conozcan de una acción constitucional de hábeas corpus que persigue, que de modo inmediato, judicialmente, los jueces como custodios reales de los derechos, libertades y garantías constitucionales, conozcan de las razones de una detención acusada por el propio particular o de su abogado como una orden ilegal que vulnera el sistema de libertades constitucionales.
Los funcionarios requeridos por una autoridad judicial que como juez tutor de esas garantías recibe un mandamiento de hábeas corpus no puede tener retraso o demora alguna en rendir ese informe. No puede ser cierto que se tomen días y hasta semanas para contestar un mandamiento de hábeas corpus o que se envíe por valija o por el sistema de comunicación judicial del Órgano Judicial dicho informe y que este llegue al despacho del juez o magistrado muchos días o semanas después cuando, conforme a derecho, no debe demorar más de dos horas reloj.
No puede ser cierto, jamás, que los trámites de hábeas corpus se tomen meses en los despachos judiciales. Un auténtico Estado de derecho aboga por la defensa de esas libertades ciudadanas, sus garantías. Para un juez o magistrado, el trámite de un hábeas corpus o de una acción de amparo de garantías constitucionales, debe ser cuestión, como ocurría antes, inminente, poderosa, que debe doblegar toda tarea pendiente para dar curso primario a la atención de ese pedido de tutela efectiva de los derechos, libertades y garantías constitucionales y legales que reclama el ciudadano.
Allí en donde las libertades ciudadanas son descuidadas, consciente o inconscientemente, se degrada y deprava el sistema social. El ciudadano va perdiendo credibilidad en la eficacia y eficiencia del sistema. Y, como si fuera poco, lenta y pausadamente, se desmorona todo real y verdadero vestigio del Estado de derecho, entendido este como un Estado tuitivo del catálogo de libertades ciudadanas. No puede haber órgano judicial ni Estado ni respeto a autoridad alguna, cuando esta ruptura y desequilibrio se produce, pues las consecuencias son impredecibles.
Prueba de la ineficacia del sistema es que el sistema acusatorio ahora pareciera jactarse de que hay más presos que antes, más condenas. Me río de este penoso argumento, pobre argumento. Lo ideal es que el sistema social, primeramente, pueda jactarse de que “no hay presos” y, en segundo lugar, que la mediación y la conciliación sí funcionan en nuestro medio; pero, cosa difícil, es que la cultura de la mediación aún en Panamá sigue siendo una panacea, un triste canto de sirena.
La libertad de los ciudadanos hace fuerte a la democracia. Los jueces y magistrados que respetan esa libertad hacen fuerte y sólido al sistema. No se trata de regalar libertades a los delincuentes. Así no es que funciona el sistema. El sistema se entiende que opera y que es eficiente allí en donde ante el robo vulgar de la libertad sale la espada de la efectiva tutela y defensa de ella para protegerla contra todo y ante todo.
Y cuidado con otras falencias que indican, a gritos, que el sistema sigue fallando. Secuestros y embargos que atacan patrimonios enteros de los ciudadanos, de ricos y de pobres, tras órdenes de jueces civiles que pierden el sentido y la perspectiva de la justicia. Cuando, en realidad, han podido proteger el resto de los bienes, los entregan a diestra y a siniestra a los voraces apetitos de riquezas de quienes con demandas y secuestros por cuantías tontas pretenden quedarse con todos los bienes de los ciudadanos demandados y de remates en donde se liquidan bienes que superan con creces el valor de lo demandado. ¡Y aquí no pasa nada. Para colmo mayor!
