Un sistema que agoniza
Nuestro sistema penitenciario requiere urgentemente la intervención integral del Gobierno.
Con una capacidad para 7 mil 300 personas, las cárceles a nivel nacional alojan a casi el doble de la población, 90% de ellos son hombres; es decir, viven como sardinas en lata. El 60% de los internos no ha sido condenado y además de eso, no tienen nada que hacer todo el día. En el 2011 solo una parte de ellos se benefició de un plan de resocialización; aproximadamente 2 mil internos se involucraron en programas educativos, 832 asistieron a programas de entrenamiento de trabajo y 152 formaron parte de los proyectos de trabajo post libertad. Los penales también carecen de programas de rehabilitación para adictos. Si bien las quejas son infinitas, durante la administración de Roxana Méndez, como ministra de Gobierno, se instaló un buzón para atender todas las quejas, aunque no hubo un informe oficial sobre los resultados de este ejercicio. Tampoco se sabe si el actual director le dio continuidad o si las inquietudes llegan a la casilla correcta.
En la cárcel el dinero es el “Don dinero”, vital para sobrevivir; con él se compra comida del “paquito”, favores y autoridad. Las condiciones son insalubres, enfermedades como VIH, tuberculosis, hepatitis B y otras son comunes entre la población, para rematar la comida del apetitoso menú que se contrató.
El sistema penitenciario da muchas luces de corrupción y pocas de corrección. Los familiares de los internos denuncian que la policía se presta para introducir armas.
Un informe sobre Derechos Humanos, efectuado por el Departamento de Estado de EE.UU., cita que la mayoría de los internos se queja del tiempo limitado que tienen en el patio y el de visita. Agrega el documento, que en agosto de 2010, se despidieron a 15 custodios y a otros 40 se le abrieron procesos disciplinarios.
La oficina de la ONCD condujo un estudio para bajar el hacinamiento y sugirió facilitar brazaletes a los internos bajo el nuevo sistema penal acusatorio para determinar la factibilidad del mismo al expandir la práctica.
Además de los brazaletes, las Naciones Unidas recomendaron un programa de resocialización intensiva y la implementación de tele audiencias para agilizar los procesos penales. Un sistema de audiencias virtuales que funcionaba en Chiriquí hasta que se dañó el equipo, una razón para buscar una empresa privada para controlar el manejo de estos equipos.
No solo es Panamá quien está sumergida en esta bomba de tiempo, el sistema penal latinoamericano padece el mismo mal.
Como ve, urge enderezar el sistema penitenciario.
