Un vaso de agua
“La democracia en peligro”, “ vuelve la dictadura”, “nunca he sentido tan amenazada la democracia” fueron algunos de los titulares y dichos alarmistas recogidos por los medios adictos a la oposición, mientras grupos vociferantes lanzaban denuestos procaces en la puerta del nuevo local del Tribunal Electoral. Después de pedir disculpas a los funcionarios electorales extranjeros por el espectáculo bochornoso de la turba, el presidente Ricardo Martinelli expresó en su discurso: “Panamá es una nación democrática con el funcionamiento pleno de sus instituciones y con reglas del juego claras que son apreciadas y destacadas por todos los países del mundo”. Pidió “no dejarse llevar por cantos de sirena de algunos que quieren ver errores donde hay aciertos, que quieren ver inseguridad donde hay certeza y seguridad”. La tempestad creada en un vaso de agua se diluyó en burbujas cuando Martinelli aseguró que su mayor satisfacción será entregar el poder al que gane las elecciones en mayo de 2014. De piezas dentales de un animal prehistórico se pretendió armar un dinosaurio electoral. El presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, especuló en su discurso sobre amenazas a la democracia por la suspensión provisional de la cuña. El organismo electoral tiene a su disposición un cómodo y lujoso local financiado por el gobierno y todos los recursos que garantizan un sufragio abierto al escrutinio de observadores extranjeros. Pero tiene pesadillas antidemocráticas que se remontan a la época en que fue funcionario rentado del norieguismo, según recordó el movimiento independiente Panamá Avanza.
El prestigioso abogado constitucionalista Edgardo Molina Mola, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, calificó como un error del Tribunal Electoral haber calificado como guerra sucia la referida cuña de Panamá Avanza: “Este anuncio no tenía nada de desprestigio en contra de este candidato. Conceptúa que la situación se hubiese solucionado fácilmente si Navarro hubiese contestado mencionando las obras durante su gestión en la Alcaldía de Panamá. Reconoció que Moncada Luna cometió un error al decidir una demanda contencioso administrativa contra la resolución de Pinilla.
El debate jurídico se concentra en si debió presentarse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo de garantías constitucionales. El artículo 97 del Código Judicial establece que la Sala Tercera conocerá de los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad. Pero el artículo 43 de la Constitución señala que “las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Se exceptúa el recurso de inconstitucionalidad”. La Constitución señala, también, que los magistrados del Tribunal Electoral y el fiscal general electoral son responsables ante la CSJ por las faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y le son aplicables las mismas prohibiciones y prerrogativas que establece esta Constitución para los Magistrados de la CSJ. Existe, pues, un campo jurídico fértil para accionar tanto en defensa de la exclusividad del Tribunal Electoral en su materia como para investigar a magistrados por su responsabilidad ante faltas o delitos.
