Una Constitución al servicio de los políticos

Nuestra Carta Magna en su artículo 2 expresa lo siguiente : el poder sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

Esto en teoría es muy bonito pero no se aplica, porque hasta donde sabemos, este ideal nunca ha podido lograrse.

Y digo esto porque la mayoría de los gobernantes lo único que persiguen es controlar los otros 2 órganos del estado, porque de otra manera “ no podrían gobernar”.

Claro que al no tener estos organismos a su disposición, no podrían gobernar como ellos quieren, se verían muy limitados en sus abusos y en sus ambiciones porque serían una especie de freno a sus insaciables apetitos y a la corrupción.

Estos abusos de los gobernantes tienen su origen en la propia Constitución que no garantiza una verdadera separación de los poderes, porque autoriza al Presidente de la República a nombrar magistrados, procuradores, al contralor y hasta al director del Seguro Social, con la aprobación de una Asamblea Nacional, que la mayoría de las veces es un organismo sumiso, controlado por el gobernante de turno ; control que pueden lograr gracias al dinero que invierten en campaña para tener mayoría en la Asamblea y gobernar a su antojo, porque, digámoslo sin ambages, aquí casi nadie aspira a un cargo público porque tenga vocación de servicio.

Pero como la propia Constitución no impone limitaciones a la clase gobernantes y en algunos aspectos es simple letra muerta, todos estos flamantes señores, llámense presidentes, magistrados, contralores, directores, procuradores, ministros, diputados, etc., se arropan con la misma manta, a nadie le rinden cuenta porque se sienten con derechos y privilegios para cometer toda clase de desafueros en perjuicio de la nación que somos nosotros.

De ahí se hace obligante cambiar el actual sistema de escogencia de magistrados, procuradores, el contralor y el director del Seguro Social para que sea el pueblo el que los escoja libremente, sin la injerencia de los partidos políticos, mucho menos del Presidente de la República.

Necesitamos tener al frente de estas instituciones a personas serias, a verdaderos fiscalizadores de la cosa pública. Sabemos que es esta una tarea muy difícil, casi una utopía porque somos cautivos de los partidos políticos, que son los que elaboran las leyes. Pero tenemos que buscar la forma de hacerlo.