Una decisión equivocada y peligrosa
La reciente posición del jefe del Ejecutivo frente a la problemática del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja de Seguro Social (CSS), de acuerdo a la cual sería muy probable que las dificultades del mismo deban ser finalmente resueltas por el próximo gobierno, es una decisión equivocada y peligrosa. Aparece, entonces, la necesidad de encontrar la razón de fondo de la misma.
La naturaleza del problema que enfrenta el sistema de pensiones de la CSS se encuentra en el contenido de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2015, la cual dividió el Programa de IVM, de manera que ahora existen dos subprogramas totalmente separados financieramente: el solidario (benéfico definido) y el mixto (básicamente de cuentas individuales). Esta ley, además, obligó a que todos los nuevos trabajadores que empezaron a laborar a partir del 2008 fueran inscritos en el sistema centrado en las cuentas individuales. Estos elementos rompieron la cadena de solidaridad intergeneracional del sistema de beneficio definido, poniendo en peligro las pensiones de toda una generación.
Teniendo esto en cuenta, es evidente que la solución al problema incluye la necesidad de reintroducir la solidaridad entre generaciones en el sistema, de manera que cada generación apoye las pensiones de quienes se encuentran jubilados. El sistema alterno de cuentas individuales, vale la pena señalar, ha fracasado a nivel internacional. Es así que en Chile, cuna de este modelo de pensiones, cerca del 79% de quienes se jubilan lo hacen con una pensión inferior al salario mínimo. Es por eso que los trabajadores de ese país se encuentran masivamente movilizados a fin de lograr un regreso al sistema solidario de reparto.
Siendo lo anterior meridianamente claro, aparece una pregunta obvia; ¿por qué el actual jefe del Ejecutivo no se mueve decididamente en favor de la solidaridad? La respuesta, a nuestro juicio, pasa por el hecho de que la visión solidaria no es la que propugnan los sectores económicamente dominantes, a los cuales representa y defiende el actual gobierno. Estos pretenden dividir la CSS en dos instituciones que desembocarían en dos frentes de privatización: un negocio de salud y un negocio financiero de capitalización. A esto le agregan la elevación de la edad de jubilación para todos, la equiparación de la misma para hombres y mujeres, así como una revisión hacia debajo de la fórmula para calcular el monto de las pensiones, y un incremento de los años de cotización necesarios para lograr una jubilación.
Esta fórmula propuesta por los sectores económicamente dominantes del país es, sin duda, tremendamente impopular. Sin embargo, esta es también la preferida por el actual gobierno. Este último, en lugar de promover la solidaridad, lo cual le traería un enorme respaldo popular, prefiere no actuar, esperando que un nuevo gobierno sea capaz de propulsar la visión no solidaria y privatizadora. Dado que la decisión del Ejecutivo va agravar el problema, haciéndolo cada vez más difícil, es importante exigir la vuelta inmediata a la solidaridad intergeneracional.
Economista
