Una denuncia más
En la era democrática han sido muy frecuentes las denuncias de intromisión del Ejecutivo en los demás órganos del Estado, sobre todo en el Legislativo.
Ningún gobierno se ha salvado de estas acusaciones. Ya sea a través de presiones políticas, económicas o judiciales o bien, mediante el pago de prebendas, el Ejecutivo ha impuesto los temas que le interesan en el Legislativo.
Un nuevo escándalo surge con la revelación que hizo este diario ayer sobre acusaciones lanzadas por el diputado oficialista y alto directivo del opositor Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Según cables diplomáticos enviados a Washington por la embajadora Barbara Stephenson y revelados por Wikileaks, Ávila planteó que el entonces presidente Martín Torrijos compró votos en la Asamblea mediante jugosos contratos.
Como era de esperarse, Ávila lo niega categóricamente. Y también como es obvio, no habrá la posibilidad de poner cara a cara a Ávila y a Stephenson para que expliquen sus disímiles posiciones.
Seguramente la clase política querrá echarle tierra a esta grave denuncia, como lo hizo con el caso Cemis, la aprobación de contratos multimillonarios con empresas transnacionales y la imposición de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.
Es la historia de nunca acabar, denuncias que quedan en el aire y que dejan en la ciudadanía un amargo sabor de impunidad.
Evidentemente detrás de estas denuncias hay la posibilidad de que exista una conducta tipificada en nuestro ordenamiento penal como delito.
Pero si no existe la voluntad de las autoridades jurisdiccionales de esclarecer estos hechos, los ciudadanos nunca sabremos la verdad.
La sociedad reclama conocer si en realidad se utilizaron recursos públicos para garantizarse un provecho personal mediante acuerdos logrados entre las sombras.
Basta ya de observar impávidos cómo los políticos manejan el país como si fuera una hacienda personal.
