Una discrepancia fundamental con el exmagistrado
El reciente debate presidencial sobre el sector agropecuario resultó ser un evento interesante. En este, más allá de los acuerdos generales sobre algunos principios relativamente abstractos, quedaron evidenciados algunas importantes diferencias entre lo que sería un programa agropecuario democrático, nacional y popular y las posiciones de los candidatos que optan por mantenerse fieles a los desgastados principios neoliberales.
En este foro, por ejemplo, nosotros planteamos, siguiendo la lógica de Timbergen, que en el caso de la canasta básica y el sector agropecuario hace falta combinar un conjunto de objetivos con un número igual de palancas de política económica. Concretamente se propuso eliminar la renta monopólica de los especuladores, congelar y regular el precio de los bienes alimenticios, realizar un incremento general de salarios y establecer almacenes reguladores, a la vez que se protege a los productores con una política de soberanía alimentaria, que incluye precios remunerativos para los mismos. Tal como se explicó en el debate, la clave para lograr precios justos para el consumidor y remunerativos para el productor descansa en la eliminación del alto costo de la intermediación especulativa.
En oposición con este planteamiento el exmagistrado Gerardo Solís manifestó su desacuerdo con la regulación de precios, lo cual lo puso irremediablemente en el campo de quienes piensan que el mercado es, de una manera que él mismo no explicitó, un mecanismo que siempre y en todo lugar genera la más alta eficiencia en la asignación de los recursos y una justa distribución de la renta.
La única posibilidad lógicamente coherente en que la posición del exmagistrado Solís puede intentar sostenerse es recurriendo a los dos conocidos “teoremas fundamentales del bienestar” del enfoque Arrow - Debreu. El primero de estos postula que cualquier equilibrio competitivo lleva a una situación de asignación eficiente de los recursos económicos con base en el criterio de Pareto. Para que el equilibrio sea competitivo tendrían que existir, para comenzar, un gran número de compradores y vendedores, de manera que ninguno pueda influir sobre el precio. Se trata, desde luego, de una situación muy alejada de la realidad panameña, en la que los comerciantes especuladores controlan toda la cadena e imponen precios muy bajos al productor y demasiado altos al comprador. Esta falta de competencia no se resuelve con la referencia al mercado mundial donde, por ejemplo, las cuatro empresas más grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio global de granos básicos. A esto habría que agregar que el primer teorema también precisa, entre otras, de las siguientes condiciones: agentes completamente racionales; productos homogéneos; libre entrada y salida de los mercados, información perfecta actual y sobre el futuro; ausencia de externalidades (incluyendo los costos ambientales); la presencia de mercados completos, conteniendo el de los de seguros intertemporales.
Dado que no existen en Panamá todas estas premisas, resulta evidente que el mercado está lejos de asegurar la eficiencia económica, incluso en los limitados términos de Pareto. Frente a estas fallas de mercado, el Estado no solo tiene la posibilidad, sino el imperativo ético, de intervenir el proceso y modificar los precios relativos que surgen de su libre funcionamiento. Esto se llama, como seguramente el Licdo. Solís sabe, regulación de precios.
El exmagistrado tendría todavía más problemas con el segundo “teorema fundamental”, el cual se define en los siguientes términos: “cualquier equilibrio eficiente de Pareto puede lograrse por medio de los mecanismos de mercado”. Este aparente juego de palabras argumenta que si la propiedad de los factores de producción (trabajo, capital y tierra) se distribuyen equitativamente, podríamos esperar que en el mercado se diera una forma de eficiencia que correspondería a una situación de equidad social. Esto está muy alejado de nuestra realidad, donde, por ejemplo, cerca del 54% de las explotaciones agropecuarias de más de media hectárea se desarrollan sin título de propiedad, en la que, además, el 40% de la población más pobre controla apenas el 11.1% de los ingresos, mientras que el 10.0% más rico controla el 40.1% del mismo. Esto significa que no solo es importante la regulación de precios, también es fundamental la política de redistribución de las rentas y las riquezas.
En conclusión, a nuestro juicio, la posición discutida dista mucho de acercarse a una política que sea realmente independiente del canon impuesto por las fuerzas económicamente dominantes del país. La búsqueda de políticas alternativas legítimamente independientes, que aseguren eficiencia económica y equidad social, debe necesariamente alejarse del pensamiento neoliberal. Debatir sobre el tema es esencial a fin de asegurarnos que cada propuesta de política sea adecuadamente sustentada de manera científica por su proponente.
