Una explicación urgente
Uno de los problemas más serios que enfrenta un país se da cuando sus gobernantes empiezan a perder todo contacto con la realidad, pasando a vivir cómodamente en ese mundo fantasmagórico, donde los consabidos aduladores, las plumas rentadas y los defensores de los intereses mezquinos compiten para confirmarles que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este fue, por ejemplo, el trágico camino de los regímenes de Somoza, Trujillo y Duvalier, con su inmensa carga de sufrimiento y miseria para sus pueblos.
Es en este contexto que preocupa que las más altas autoridades del país hayan querido alegar que la oposición de cerca del 80% de la población a las explotaciones mineras se deba principalmente a que la misma está animada por un supuesto financiamiento proveniente de las empresas transnacionales. Desconocer, tal como lo hacen estas altas autoridades, que la resistencia de los pueblos originarios a la minería proviene esencialmente del hecho que para ellos la tierra tiene un sentido sagrado que no puede ser violado, resulta una posición carente de todo contenido científico. En efecto, esta cosmovisión de los pueblos originarios es un hecho harto conocido, el que recientemente ha sido destacado, desde el punto de vista de las ciencias sociales, por Joan Martínez-Alier en su conocida obra “El Ecologismo de los Pobres”, así como por Leonado Boff, quien los desarrolla desde el punto de vista de la liberación cristiana, en su libro “Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres”. Es una posición que carece del sustento económico que el actual gobierno pretende darle, lo cual se hace evidente si se toma en cuenta que el viceministro de Comercio e Industrias declaró recientemente que los cambios al Código de Minería aportarán al fisco apenas entre 5.8 a 6.0 millones de balboas anuales, cifra que resulta prácticamente ridícula en la medida que representa apenas el 0.046% del total del gasto público presupuestado para este año. ¿Qué lógica puede tener comprometer el medio ambiente y la propia soberanía nacional en estas condiciones? La respuesta es sencilla: no se trata de proteger los intereses de la población panameña, sino los de las transnacionales que explotan la minería y sus aliados locales.
No menos bizarra es la “explicación” oficial a la oposición a la minería según la cual la misma se debe también a que quienes la ejercen están decididos a que no se reduzca el precio de la canasta básica. En efecto, es esta una afirmación pueril, que proviene de un gobierno que ha permitido que la canasta básica alimenticia se eleve en cerca de 16.0 balboas en un solo año, que no ha hecho nada por evitarlo, pese a la claridad que existe en el país de que se trata de un fenómeno que se debe de manera significativa a la especulación de quienes importan y comercian con los artículos de primera necesidad. Frente a todo esto es indispensable mantener unidas la lucha por el medio ambiente y las reivindicaciones sociales.
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