Una investigación necesaria
Lo que ocurrió realmente en Bocas el Toro no puede quedar sujeto a la especulación. No se trató de medidas fiscales o de multas injustas, sino de vidas humanas que el gobierno e informes extraoficiales sitúan entre dos y once muertos, entre ellos dos menores.
La ciudadanía merece una explicación, porque la dimensión de los hechos produce una aprensión puntual, una duda razonable, un temor justificado. Primero, sobre la forma como se decidió enfrentar el problema. ¿Hubo o no la intención de llegar hasta los límites conocidos o fue una de esas clásicas situaciones que se escapan de las manos? Segundo, informes obtenidos por este diario revelan que previo al estallido de violencia, fueron movilizados 600 efectivos a la occidental provincia, procedentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) y del Servicio de Guarda Fronteras, este último preparado más para eventos militares que policiales.
Urgen respuestas porque la ciudadanía merece saber hasta dónde es cierto que el jefe del SPI comandó las acciones, en lugar de un Comisionado de la Policía, y porque de ser así la Presidencia de la República tendrá una responsabilidad directa en los sucesos. Tanto los componentes como el comportamiento de la Fuerza Pública podría estar dejando en entredicho el concepto que tienen las autoridades respecto a la ciudadanía, sea indígena o no. En el desastre comentado tiene papel decisivo la Ley 30, llamada popularmente “ley chorizo”, que ha dado pie legal a las acciones registradas, y que recuerdan los tiempos de la “obediencia debida”.
