Una ley que resulta necesaria
La Fiscalía Superior Especializada en Delincuencia Organizada promueve la aprobación en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que busca sancionar penalmente el tráfico de órganos y tejidos humanos, los matrimonios forzados y la explotación laboral.
Se trata de una iniciativa que tipifica estas conductas en nuestro ordenamiento penal y que pondría a Panamá al corriente de las normas internacionales en la materia.
El proyecto aborda la trata de personas en su contexto general y está basado en la normativa internacional plasmada en el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Para nadie es un secreto que Panamá, por su posición geográfica y condición de país pujante en términos económicos, se ha convertido en un punto atractivo para todo tipo de delincuentes foráneos.
Tampoco es una novedad que a Panamá llegan nacionales de diferentes países del mundo, unos para quedarse ilegalmente y otros para viajar hacia Norteamérica. Este tráfico de seres humanos en cualquier momento podría degenerar en la criminal venta de órganos y tejidos.
La Fiscalía ha dicho que espera que este proyecto se convierta en Ley de la República, si cuenta con el apoyo de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Extrañan estas declaraciones en un tema de vital importancia. Dotar al país de herramientas legales para combatir crímenes tan atroces como estos debe ser una política de Estado.
