Una sanción esperada
Es muy difícil que alguien se oponga a la multa de un millón de dólares a la empresa Unión Fenosa, ordenada por la ASEP. Sería ilógico, aunque los políticos prefieren meter la cabeza como el avestruz y no decir nada.
Desde que se privatizó el IRHE, los consumidores de energía eléctrica quedaron a merced del Goliat español, sin que hubiese un David que los defendiera.
Apagones, daños a electrodomésticos y pérdidas de microempresarios marcaron la nota, mientras, los clientes no tuvieron a alguien que velara por sus derechos en el mercado.
La compañía tiene sus derechos y garantías establecidos en la ley. Ya anunció que hará uso de ellos, sin embargo, la ventaja es que no podrán dilatar el expediente, y al final deben pagar la sanción.
Además de ella, la multa de 10 mil dólares diarios hasta que arreglen el problema de los constantes apagones que afectan Panamá Oeste.
No obstante, es necesario recordar que cuando se dieron los procesos de privatización durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), lo último que se tomó en cuenta fue los derechos de los consumidores.
Para la época lo que urgía era inversión a las empresas de utilidades públicas, casi saqueadas durante las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Noriega.
Los contratos fueron para favorecer a los inversores, y los clientes quedaron enterrados en el olvido.
La buena noticia es que esas concesiones vencen en octubre de 2013 y la ASEP se prepara para darles garantías, tanto a los inversionistas como los consumidores.
No se trata de espantar a los inversores, pero en la libre competencia y el mercado, los clientes también tienen derechos.
Sin la existencia de un cliente o consumidor, no habría mercado para vender o comprar aquí o en Cuba.
Llegó el momento tan esperado para los consumidores locales.
