Una visita peligrosa
El significado de la reciente visita del presidente Juan Carlos Varela y su ministro de Economía y Finanzas a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se circunscribe, como pretende hacer ver el actual gobierno, a un simple hecho de cortesía protocolar. Esto queda claro si se tiene en cuenta la visión que este organismo tiene sobre algunos asuntos clave en Panamá, los cuales necesariamente deben haber sido motivo de la visita.
A esto se suma la tendencia histórica del FMI de imponerles a los países, por medio de un abierto chantaje financiero, sus recetas económicas.
En relación con la problemática del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), el FMI, sin tener en cuenta que el problema se origina en los efectos negativos de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, la que dejó sin protección a la población que hace parte del sistema solidario de pensiones, no solo plantea la inmediata reforma de todo el sistema previsional, el cual considera demasiado generoso comparado con otros países, sino que, además, propone en su “Panamá: Key Issues”, de marzo de 2015, tres medidas draconianas contra la población asegurada: la elevación de la edad de jubilación para todos; la equiparación de la edad de jubilación de los hombres y las mujeres; la revisión hacia la baja de las tasas de reemplazo, lo que significa montos de pensiones inferiores.
El segundo problema es la visión que el FMI tiene sobre el futuro de la economía panameña. En este caso lo que se debe destacar es que de acuerdo con este organismo, tal como se desprende de su “Panamá: Selected Issues”, de mayo de 2017, Panamá debe concentrarse en copiar el estilo de desarrollo de Singapur, entendiendo que el país “pareciera haber llegado a un punto de inflexión donde el impulso del crecimiento estaría desplazándose de la construcción a los servicios”, fundamentalmente los de logística. Se trata de una visión con claras falencias, las que pueden afectar seriamente a la población.
Este modelo del FMI presenta un total desprecio por el sector agropecuario, olvidando que Panamá, a diferencia de Singapur, tiene un sector agropecuario que emplea a 272,622 personas, esto es al 15.4% del total de los ocupados.
Terminar de destruirlo no solo generaría más dependencia alimentaria, también causaría un grave problema de desempleo que, por sus características, no sería posible resolver vía la logística.
Algo semejante ocurriría con la disminución de la actividad de la construcción, la cual emplea a 177,827 personas, el 10.0% de la ocupación total, la mayor parte de esta sin una calificación parecida a la necesaria en la logística. Además, la construcción sería fundamental para la reconstrucción y avance de la necesaria infraestructura social.
El problema fundamental está en que quienes dirigen la política económica del país parecen compartir la estrategia diseñada por el FMI.
Su reciente visita al FMI habría sido, entonces, una reunión entre congéneres que comparten la misma visión. En este caso el gran ausente de la misma fueron los intereses soberanos de la población panameña.
Economista
