Unión contra el crimen
Un hecho de gran trascendencia a nivel internacional acaba de acontecer en México D.F.; es preciso valorar y relievar su significado para la mejor convivencia, al interior y al exterior de los países.
En la capital azteca, se reunieron delegados de 21 países, en el marco de la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, con el objetivo de frenar al crimen organizado y promover los derechos humanos de los grupos vulnerables. Complacen, ciertamente, las resoluciones que tienden a neutralizar o, por lo menos, disminuir a los factores adversos que atentan a la seguridad y al bienestar, especialmente de América Latina y el Caribe, cuya vinculación con España y Portugal es muy estrecha, por razones históricas, lingüísticas, de costumbres y más. Por esto, el enfoque se lo ha hecho, acertadamente, para el área iberoamericana.
En dicho cónclave, fueron analizados, singularmente, el tráfico y la trata de personas, el narcotráfico, la asociación ilícita y el blanqueo de activos, que constituyen los principales delitos transnacionales, que generan otras acciones indebidas, como corrupción y violencia, a la vez que ingentes recursos turbios, atentan a la dignidad de los congéneres, al progreso y a la paz de las naciones.
Quedó el compromiso de eliminar los espacios de impunidad que abundan en estas materias y que, en no pocas ocasiones, prevalecen en los propios estamentos de quienes obligados se encuentran a demostrar probidad y ejemplares actuaciones, como son los jueces, fiscales, policías y demás agentes de la Ley. La mordida o coima es el mecanismo más utilizado por los malandrines para evadir y hasta burlar sus responsabilidades frente a la sociedad, con lo que se alienta procederes indignos y se propicia el declive individual y colectivo.
Expresa y tácitamente se convino en que es necesario unificar las legislaciones de la comunidad iberoamericana para que prevalezcan las libertades y el Estado de Derecho. Esta resolución entraña especiales connotaciones; por lo tanto, para su eficacia y eficiencia, se la debe impulsar decididamente, más aún si se considera que delitos como los de las drogas, lavado de capitales, venta de armas y virulencia en ese ámbito, entrelazados entre sí, no se detienen ante límites geográficos ni soberanías, ya que son transnacionales. Recientemente, se descubrió una banda de malhechores que operaba en España, al servicio de ETA, y que enviaba dinero a Ecuador para lavarlo y beneficiar a los narcoterroristas de las FARC cuyo expansionismo, desde Colombia, es una de las amenazas más evidentes para las patrias de Latinoamérica y el Caribe.
Es necesario, igualmente, subrayar que los delitos del crimen organizado son de una sola naturaleza y proyección, por lo que esta tipificación tiene que ser armonizada, dentro de las pertinentes legislaciones, mediante el estudio del Derecho Comparado que, actualmente, presenta diferencias entre países de similares características, como son los iberoamericanos. Ya hay positivos avances en materia de cooperación internacional, como los indispensables acuerdos de extradición para hacer que poderosos capos paguen por sus atrocidades.
Se vuelve imperiosa la unión de los países en contra del crimen organizado cuyos caudales mal habidos posibilitan la compra de conciencias de autoridades, políticos y hasta periodistas, con miras a eludir los brazos de la justicia, por eso la referida Conferencia, de resultados encomiables, proyecta plausibles estrategias para construir un mundo mejor. La Ley es uno de los sustanciales triunfos de la civilización y de ella no hay que apartarse.
