Urge la creación de un tribunal inmobiliario
Reiteradamente los diarios del país han dado prominencia a problemas surgidos de la posesión de tierras, siendo el más reciente el de la venta de tierras en Bocas del Toro a un ciudadano costarricense, más los muchos otros de vieja data en esa área. No obstante, y para conocimiento del público, hay, además, cientos o quizás miles de otros casos pendientes de solución en todo el país, incluyendo muchos relacionados con propiedades horizontales. Al respecto comento que desde hace diez años vengo abogando, en cuanto foro me ha sido posible, por la impostergable creación de un tribunal especializado en bienes inmuebles que les dé justa y pronta solución. Los derechos posesorios de muchos campesinos, los varios casos de Sea Cliff y otras áreas de playas, la venta de islas y litorales a precios supuestamente de ganga, los reclamos que surgen producto de las ineficiencias y hasta de corrupción en la Dirección de Catastro, durante cuarenta o cincuenta años, los fallos de jueces sin verdadera sustentación legal, sobre todo en casos de prescripciones adquisitivas en que por malicia o desconocimiento real de la materia basan sus decisiones en falsos testimonios, pero más grave aún, se cuidan mucho de que los propietarios de tales tierras que están en vías de prescripción no se enteren de que el proceso está en camino, negándoles así derecho a defender sus intereses, amén de las controversias que surgen a menudo entre particulares en cuanto a promesas de compraventa de propiedades, como por las compraventas propiamente tales más que lo justifican.
Todo lo anterior y dada la importancia del tema de la propiedad privada que, dentro del sistema capitalista de libre empresa, es pilar fundamental del desarrollo, se hace imprescindible la existencia de una entidad especializada en resolver estos casos con verdadera justicia y celeridad, como garantía de la seguridad jurídica.
Los tribunales ordinarios se encuentran inmersos en pleitos o conflictos de muchas otras naturalezas y, además, cargan con una enorme mora judicial de años que ni siquiera alcanzan a atender, por lo que tales jueces no logran un grado mínimo de especialización ni eficiencia en la tan delicada materia inmobiliaria. Vale mencionar que existen otros tribunales especializados, tales como el marítimo, el de menores, y más.
La seguridad jurídica, garantía para la inversión extranjera, exige la pronta creación de tribunales inmobiliarios, que cuenten con su propio cuerpo de asesores legales, agrimensores y demás personal técnico de apoyo, y que esté en contacto directo con el Miviot, Catastro (Anati), alcaldes y corregidores. No podemos continuar improvisando con Catastro, que siempre ha rehusado tomar ciertas decisiones que la ley se lo permite, y así todos los problemas, aún mínimos, los refieren a los tribunales ordinarios; ni, tampoco, con los municipios y corregidores, que conocen menos aún y que, además, frecuentemente incurren en desacatos incumpliendo las casi imposible de obtener órdenes de lanzamientos. Pero no ha habido quien los haga cumplir la ley.
La inexistencia de este tipo de tribunales ha hecho que la Anati asuma el papel decisorio en conflictos de tierras entre personas, cuando su ley orgánica, en estos casos, no se lo permite. Tampoco le corresponde a Acodeco que es, igualmente, un organismo meramente administrativo, no judicial.
El caso del costarricense que compró las tierras en Bocas, correspondería a tal tribunal pues, según lo plantean los diarios –a algunos de los cuales ya poco les creo porque están totalmente politizados y solo persiguen crear alarmismo y fomentar ingobernabilidad– es complicado pues intervienen numerosos aspectos legales que analizar: fincas privadas en territorios indígenas, prescripciones adquisitivas, áreas inadjudicables, etc.
Un tribunal inmobiliario sería apenas parte de la solución, pues ello debe complementarse con una verdadera eficiencia en la Anati, del Registro Público -que está mucho mejor- y demás instituciones relacionadas con el tema.
Anécdota pertinente: cuando me inicié en el corretaje de bienes raíces, en 1968, que el Registro Público quedaba en Catedral y llevaba aquellos enormes libros registrales escritos a mano, ya entonces el propio Registro enviaba todas las escrituras al Catastro para su actualización, pero esto se suspendió durante la dictadura militar y hoy, 24 años después, en pleno siglo XXI, cada propietario tiene que llevar su escritura al Catastro para actualización. ¿Para qué sirve internet? ¿Hay vocación de servicio?
