Varela, Friedman y la educación
Hace unos días el candidato presidencial del Partido Panameñista ofreció, como parte de sus propuestas, crear un subsidio para las familias que hagan uso de los servicios privados de educación, que tendría la forma de un incentivo fiscal. Se trata, a nuestro juicio, de un mecanismo que lejos de facilitar el desarrollo de la educación nacional, promueve su fragmentación jerárquica, a la vez que despliega uno de los instrumentos básicos que proponen quienes promueven su privatización. Además, dada la experiencia con el costo de la educación privada, la medida, más que ayudar a las familias que hacen el esfuerzo del gasto en educación, significaría un apoyo a la rentabilidad de quienes explotan el negocio de la educación privada.
EL QUE PUEDA UTILIZAR EL VALE Y SUMARLE DINERO PODRÁ MATRICULAR A SUS HIJOS EN UNA EDUCACIÓN DE ALTO COSTO Y CALIDAD; EN CONTRASTE CON QUIEN SOLO CUENTE CON EL MONTO DE SU VALE, SE VERÁ OBLIGADO A MATRICULAR A SUS HIJOS EN UNA ESCUELA DE BAJO COSTO, POBREMENTE EQUIPADA Y DE CALIDAD INFERIOR.
Cualquiera que pretenda gobernar el país, siempre que lo haga con un sentido de patriotismo y justicia social, deberá tener como un objetivo central la promoción de los servicios públicos básicos, de manera que se logre una cobertura completa y una calidad adecuada, para asegurar que los panameños obtengan dichos servicios en condiciones de igualdad. Es la única forma de confirmar la alimentación, el agua, la salud, la educación y la seguridad social como verdaderos derechos humanos.
Es más que evidente que los recursos públicos disponibles para la educación, que resultan escasos frente a las múltiples necesidades, deben ser utilizados de manera completa para el fortalecimiento del sistema de educación pública. La mejor manera de que todos los panameños, incluyendo a las clases medias, logren adquirir una educación suficiente y de calidad es por medio del desarrollo y perfeccionamiento de la educación pública gratuita. Si se tiene en cuenta que, de acuerdo con cifras oficiales, el 32.6% de las escuelas primarias oficiales carecen de energía eléctrica, mientras que el 40.8% carece de agua potable, resulta fácil entender la importancia del planteamiento aquí expuesto.
La necesidad de no distraer recursos de la tarea de fortalecer el sistema público de educación también queda clara si se recuerda que casi el 30.0% de los niños y jóvenes en edad de asistir a la educación premedia y media se encuentran fuera del sistema educativo.
Milton y Rose Friedman en su libro “Free to Choose”, considerado un importante manifiesto de la doctrina neoliberal, abordan el tema de la educación y formulan el llamado “sistema de vouchers”. Este modelo implica que el Estado en lugar de asegurarle a las familias una matrícula para cada uno de sus hijos en una escuela o colegio público, le entrega un vale por un monto equivalente al promedio del gasto público por estudiante realizado a partir de la recaudación de los impuestos, con la finalidad de que la familia lo utilice para matricularlos en la escuela de su predilección. Este esquema de mercantilización y privatización de la educación pública, realizado bajo la idea de la libertad de escoger, es, obviamente, la base ideológica de la propuesta del Partido Panameñista y de sus aliados del Partido Popular. Entender su real significado resulta fundamental para su evaluación.
La práctica del sistema propuesto tiene serias consecuencias para la equidad social, en la medida que lleva directamente a una fragmentación jerárquica de la educación. El que pueda utilizar el vale y sumarle una significativa suma de dinero adicional podrá matricular a sus hijos en una educación de alto costo y calidad; en contraste con quien solo cuente con el monto de su vale, que definitivamente sería limitado, se verá obligado a matricular a sus hijos en una escuela de bajo costo, pobremente equipada y, por tanto, de calidad inferior. Más aún, tal como lo proponen los panameñistas, quienes no tienen un nivel de ingreso gravable, simplemente no tendrían forma de recibir un crédito fiscal que pudieran utilizar, a menos que se lo transfieran con descuento a otro agente económico. Peor es el caso de los desocupados e informales que bajo ninguna circunstancia tendrían la capacidad de acceder a la educación privada.
Dada la forma en que operan los centros educativos privados, la que implica, por su naturaleza, una competencia claramente imperfecta (competencia monopolística), es bastante probable que una buena parte del subsidio se traduzca en un simple incremento de los precios de la educación privada. No es casual que entre el 2010 a la actualidad el costo de la educación privada se haya elevado en un significativo 19.8%.
Nos encontramos frente a un proyecto inaceptable que busca la mercantilización y privatización de la educación. La misma, lógicamente, muestra la verdadera visión ideológica de sus proponentes.
