Vergonzosa condena

Corría el mes de febrero del año 2001, cuando el curtido dirigente panameñista Hernán García trajo a la Redacción de Panamá América “un dato” sobre un acto de su partido en el poder que le causaba “vergüenza”. Con fondos públicos se construye una carretera que en un tramo beneficia, casi exclusivamente,  la finca de un alto funcionario panameñista en La Chorrera, reveló indignado.

“El dato” resultaba un manjar para los ávidos periodistas del diario. Inmediatamente se puso a trabajar la estructura de investigación. El periódico armó un plan de trabajo con Jean Marcel Chery,  Gustavo Aparicio y el fotógrafo John Watson.

Chery y Watson viajaron a La Arenosa con García y comprobaron “el dato”: maquinarias pagadas por el Fondo de Inversión Social (FIS) trabajaban en una carretera de 4.6 kilómetros que desembocaba a la finca del entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora. En una buena parte  de la obra, casi no había habitantes.

Durante tres días, Chery y Watson recopilaron, in situ, acuciosamente, información para preparar varias notas investigativas. Recorrieron la carretera una y otra vez, entrevistaron a lugareños y autoridades, y tomaron fotos aéreas desde un helicóptero que alquiló Epasa, en aras de lograr un  trabajo sin precedentes para un diario con escasos recursos. Todo debía quedar bien documentado.

Cuando la información estuvo completa, Aparicio partió a buscar la versión de Spadafora, quien estaba en la inauguración de la Expocomer en Atlapa. ‘Te advierto que si publicas eso, te demando penal y civilmente’, contestó agresivamente el ministro, mientras su agria y numerosa escolta le abría paso a empujones. Como era de esperar, lejos de amedrentar al diario, Spadafora alentó la publicación de la nota el 8 de marzo de 2001.

En uno de los absurdos jurídicos más vergonzosos en la historia del Derecho panameño, Aparicio fue condenado penal y civilmente por el simple hecho de buscar la versión de Spadafora. Aparicio solo escribió un párrafo. Para colmo, también fue acusado por el Ministerio Público de irrumpir en la propiedad privada de Spadafora, cuando nunca estuvo, ni en pensamientos, cerca de esa finca.

Por más que los abogados del diario trataron de demostrar la participación de Aparicio en la  nota, el deficiente y sesgado trabajo del Ministerio Público ni siquiera pudo, o no quiso, individualizar la conducta de cada querellado en el supuesto delito. Tampoco quiso acreditar en la querella mi participación, como jefe de información, en la confección del título y los sumarios de la nota querellada.

En vez de explicarle al país su versión, la arrogancia que caracterizó a Spadafora como funcionario lo llevó a cumplir su promesa. En el 2001, empezó una larga y desigual batalla legal contra Chery, Aparicio, Watson y Epasa, en la que el sistema judicial desató toda su musculatura para arrinconar a comunicadores que solo cumplieron su misión de fiscalizar el uso de fondos públicos y buscar la verdad.

Spadafora, siendo ya magistrado de la Corte Suprema de Justicia, exigió una compensación civil de $2 millones, una cifra sin precedentes en la época para una demanda en contra de periodistas. Spadafora logró que a Chery se le secuestraran el salario y bienes por $17,653. Los demandados enfrentan aún, los embates de un proceso exagerado y viciado.

No en vano, el abogado Octavio Amat, como director de Panamá América, dijo en una audiencia, mirando fijamente al juez décimo cuarto penal de la época, que no confiaba en su imparcialidad, porque él no sería capaz de fallar en contra de su jefe, el magistrado Spadafora.

En un juicio lleno de irregularidades, los querellados fueron condenados por injuria, no por calumnia. Hubiera sido demasiado que ante las abrumadoras pruebas fueran condenados por decir la verdad. Además, no había forma de borrar de la faz del país la carretera construida. El juez prefirió usar la abstracta y subjetiva figura de la injuria. Los dos millones que exigió Spadafora terminaron en $20 mil, más $5 mil en costas.

Este entuerto jurídico y político seguramente terminará con una acción reponedora en el sistema interamericano de justicia, en donde la mano de los políticos criollos no llega. El principio de la Real Malicia, que exige demostrar que hubo mala voluntad o negligencia inexcusable del periodista  en la confección de una nota, y la obligada exposición mediática que deben tener todos los que, por voluntad propia,   manejan recursos públicos, desmantelarán de raíz la trama legal montada en Panamá en contra de la sagrada libertad de expresión y el libre acceso a la información.

Al final, ganarán las libertades fundamentales: el derecho a conocer y recibir información libre y oportuna. Los grandes perdedores serán la viciada justicia panameña y los políticos arrogantes, sin vocación de servicio público, que piensan que pueden ocupar puestos en el Estado y manejar recursos ajenos de espaldas a la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano.

Periodista y abogado