Viacrucis del Estado de derecho en Panamá

Al comenzar la presente administración de Gobierno, la situación de la justicia y el propio Estado de derecho en Panamá se inició un tránsito muy similar a lo que conocemos como un “viacrucis” hacia el Calvario. Nuevamente entramos en la misma problemática con la cual ya hemos tropezado varias veces,  en lo que respecta a la administración adecuada de la justicia para todos los ciudadanos.  

Bajo el supuesto de acabar con la corrupción derivada del gobierno anterior, el  Ministerio Público inició con celeridad inusitada procesos contra funcionarios, empresarios y el  expresidente Ricardo Martinelli, bajo supuesto de haber cometido delitos. Tal supuesto podría amparar exabruptos judiciales, tal como decretar una detención preventiva abusando de las normas vigentes aplicables. Esto podría dejar muchos inocentes atrapados y algunos culpables libres por la rapidez de actuación y la impericia de los fiscales.

En apariencia esta iniciativa pintaba como un loable propósito. Sin embargo, muchos entienden que todo es producto de venganzas y vendettas del actual presidente que pretende judicializar contra los que él considera sus enemigos políticos. Así, los procesos iniciados evidenciaron que no se pretende actuar con base en la justicia y en defensa de los derechos humanos de toda persona que fuese señalada por algún supuesto delito. Los abusos han sido evidenciados.

Las investigaciones no se hacen en función de aplicar una elevada calidad de justicia, aplicando los preceptos legales establecidos en la Constitución Política, en los Códigos de Leyes, incluyendo Tratados y Convenciones firmadas por Panamá, en cuanto al respeto de los Derechos Humanos.  No hay nada peor que violar los Derechos Humanos de los ciudadanos.

La aplicación del “debido proceso” con la mandatoria presunción de inocencia y no la de culpabilidad anticipada por parte de fiscales del Ministerio Público han pasado a ser letra muerta en las leyes. La situación se agrava al darse múltiples denuncias contra magistrados de la Corte Suprema por faltas a la honestidad y a la ética, señalando ausencia de probidad de dichos funcionarios. Toda esta vorágine de irregularidades en el Ministerio Público y en el Poder Judicial deja en la indefensión a todos los ciudadanos ante una administración de justicia que no es consecuente con buscar la verdad y la salvaguarda de los derechos humanos para que aflore la ansiada justicia. 

Esta es la situación resultante de una persecución política desatada implacablemente por el Poder Ejecutivo de turno, en contra de funcionarios del gobierno anterior, la cual acarrea la vulneración de la institucionalidad judicial del Estado por lo que el Estado de derecho ha entrado en un estado de coma, del cual hay que sacarlo antes de que pase a ser solo un recuerdo.

Se ha hecho evidente el incumplimiento de la aplicación del “debido proceso” en las investigaciones en casi todos los casos, resaltando la aplicación de una “presunción de culpabilidad anticipada” en lugar del concepto de “presunción de inocencia” que señalan los códigos pertinentes a la justa administración de justicia con base en los derechos humanos de los individuos.

Son notorias las decisiones aberrantes, con aplicación de medidas cautelares excesivas, o que no corresponden a la categoría del delito que se investiga, generándose gran número de privados de libertad, quienes a la postre podrían salir sobreseídos al final del proceso, sin que se resarza el daño ocasionado a su reputación. Lo más peligroso dentro de estas circunstancias es la utilización de “testigos protegidos” por parte de los fiscales, que luego se desmienten ellos mismos argumentando que sus declaraciones anteriores fueron forzadas por presiones y ofrecimientos de “penas atenuadas” por parte de los fiscales, es decir, actuaron bajo coacción de los fiscales, lo cual es penalizado por las leyes vigentes.

Esto a todas luces atenta contra de la supervivencia del Estado de derecho en Panamá. Estas prácticas arbitrarias no se veían desde los tiempos de la dictadura militar, en la que personas eran torturadas, violadas, encarceladas sin culpa y hasta desaparecidas.

El pueblo panameño no quiere entrar nuevamente en ese oscuro túnel de la dictadura, en este caso civil, y perder la legitimación del Estado de derecho dentro de una democracia que mucho sufrimiento y sangre costó recuperarla. No se puede tropezar otra vez con la misma piedra. Hay que asegurar los derechos del hombre y de los ciudadanos, garantizando una efectiva y debida defensa de una justicia constitucional, es decir, hacer realidad la vida jurídica y operatividad del Estado de derecho para no dejar a los ciudadanos indefensos ante gobiernos de corte autoritario o dictatorial.

Ingeniero