Víctimas emprenden nueva batalla
Más de cinco años han pasado desde que las autoridades de Salud panameñas anunciaron la contaminación de medicamentos producidos por la Caja de Seguro Social (CSS), por el tóxico dietilenglicol, denominada hasta hoy como la peor tragedia de salud pública.
Cerca de dos mil personas han presentado denuncias ante el Ministerio Público. Dentro de esta cifra figura una veintena de niños afectados. Como positivos fallecidos han sido confirmados unos 260 casos. Estas cifras ilustran la magnitud de las secuelas que dejó a su paso la ingesta de este veneno.
Los números son alarmantes, pero el calvario que a diario viven los afectados por este veneno ni siquiera puede medirse, el daño es irremediable e incalculable. La calidad de vida de cada uno de estos individuos ha desmejorado, algunos han tenido que abandonar sus trabajos; en el caso de los menores de edad, unos pocos luchan por terminar sus estudios, otros han tenido que desertar.
Sin embargo, estas personas se han convertido en unos verdaderos guerreros, porque no solo luchan contra el veneno que le corre por las venas, sino que también tienen que pelear para recibir una atención médica adecuada de la misma institución que un día les dio el medicamento contaminado. Sumado a esto, enfrentan una batalla legal ante los tribunales para que los responsables de esta tragedia nacional paguen por sus hechos, además exigen al Gobierno un resarcimiento económico cónsono con los daños que han recibido a su salud. ¡Estos sobrevivientes se han convertido en titanes!
Hoy se enfrentan a un nuevo reto: el debate del proyecto de ley que otorga una condicionada pensión vitalicia a estas víctimas, calificada por los afectados como una burla, un insulto. Esta propuesta establece una pensión que va de 235 dólares hasta mil 250 dólares, y estará dirigida a asegurados y no asegurados. Pero, para acceder deben firmar un finiquito, en el que se comprometen a no realizar reclamos por daños y perjuicios en la esfera civil. ¿Esto es lo que se merecen?
