'Viderut et audierut'
Sin el auxilio o la asistencia de un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no habría descubrimiento alguno de lo que pudo acontecer o no en un caso penal. Huérfano quedaría el derecho penal sin el socorro de la medicina legal. Nula sería la victimología, también ciencia auxiliar del derecho penal, sin esa asistencia.
Médicos legistas, grafólogos, hematólogos, psiquiatras y psicólogos forenses, peritos planimétricos, odontólogos forenses, etc., todos entran en un mundo en donde la ciencia y la técnica, conectada a las leyes y a los procesos penales, son como la brújula que orienta al navegante en el impetuoso y agitado mar. Así el fiscal o el juez requieren de estos peritos y técnicos para poder navegar con certeza en el impetuoso mar de las dudas que arroja toda investigación penal. Como se dice en el foro, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es “la columna vertebral de la administración de justicia”.
La importancia de la medicina legal y otras ciencias forenses deviene en vital para el derecho penal y para el derecho procesal penal. Son estas las que les dicen a los fiscales y a los jueces si realmente estamos -para los casos que demandan su auxilio, su luz,- en presencia de un delito o no.
¿Qué sucedería cuando se investiga la muerte de alguien de quien se supone que acaeció interviniendo mano criminal y la experticia del médico forense determina que la muerte fue por causa natural y no por intervención de mano criminal? Pues, simple y sencillamente, la investigación se cae, pierde toda connotación penal y se excluye de un proceso de igual naturaleza. Ante un supuesto delito de falsedad de firma, si el grafólogo al rendir su informe, expresa que dicha firma es la de su dueño y que, en consecuencia, no hay tal falsedad, sin duda alguna nos encontraríamos ante una ausencia de tipicidad. En fin, los ejemplos a citar sobrarían.
La historia de la medicina legal en Panamá está plagada de datos interesantes. Así, por ejemplo, el primer médico forense egresado de prestigiosa universidad es el Dr. Humberto Más, quien ha consagrado toda su vida al servicio de la medicina legal en nuestro país. Orgullo para el país que este científico panameño forme parte de prestigiosas asociaciones e institutos de medicina legal de América y de Europa. Pero también destacamos el hecho de que ha sido quien, casi durante todo el ejercicio de su profesión –interrumpido en algún momento por ataques injustos e ilegales-, ha regentado con capacidad y competencia singular dicho instituto –Hoy el Imel- hasta llegar a ser lo que es hoy día, una entidad autónoma y profesional, científica y técnica. Esa independencia emerge de la Ley 50 de 2006, instrumento legal que también puso una especie de torniquete que imposibilita el desarrollo de esa independencia tras la obligatoriedad de la llamada exclusividad laboral. Solo así y tan solamente así puede entenderse que no pocos peritos y médicos legistas hayan abandonado sus filas –y lo seguirán haciendo, salvo la toma de correctivos legales- para ingresar en la demanda o contratación de peritos privados que frente a la entrada en vigencia del sistema de juzgamiento penal de corte acusatorio –SPA- ha hecho de estos una especie de eje central para los procesos penales.
De modo tal que no podemos atribuirle a nadie ese éxodo de médicos, técnicos y peritos, pues cada quien ha buscado y buscará su propio desarrollo individual pasando por lecturas de carácter, prima facie, de orden crematístico. En todo caso, lo que sí debemos advertir, con acento enérgico, es que la entidad no ha sido justamente tratada y tampoco comprendida por quienes han regentado el Estado, pues habiendo tenido la oportunidad de acceder a los pedidos presupuestarios y técnicos, siempre se la ha tenido como una especie de cenicienta que aún no termina de encontrar el zapato que le hace falta. No se trata de formular ataques despiadados e injustos en contra del instituto y menos de sus regentes. Esto es desleal y antiético.
Sin embargo y a “pesar de”, destacamos el hecho de que el instituto, en los últimos cuatro años, ha logrado graduar a 26 médicos legistas con títulos de maestría, y el Consejo Administrativo ha avalado casi, en su totalidad, la idoneidad de las pasantías que aplican para peritos forenses. También se destaca el hecho de que el Departamento de Docencia del Instituto ha venido desarrollando una política coherente de las pasantías a nivel nacional en lo que corresponde a todos los intervinientes en los procedimientos criminales legales, sea que estos pertenezcan al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de otras entidades estatales y cuya cantidad, en la actualidad, es de varios miles de funcionarios.
La regencia actual del instituto, no obstante, consciente de la poca paga salarial de los funcionarios, pero también consciente de que todo ello ha generado una impaciencia que raya con la desesperación –no se trata de percepción subjetiva de injusticia- , trabajando hasta con las uñas, ha creado una cooperativa de ahorros, seguros de vida y salud para todos los funcionarios y, tras la promesa invariable de buscar en cualquier tribunal, los medios y recursos para dignificar al hombre y a la mujer que sirven con sus conocimientos al engrandecimiento del instituto y a la justicia penal en Panamá.
Desde el año 2013, a iniciativa de Humberto Más, se ha insistido en la necesidad imperiosa de revisar la ley y se ha logrado que los funcionarios que ganaban $400 ahora ganen $650 mensuales y se persigue, a toda costa, que a los funcionarios del Imel –sobre todo el brazo técnico que es la Subdirección de Criminalística y sus 16 secciones a quienes no se les ha pagado el 50% de la exclusividad, se les haga justicia, justicia efectiva. Reclamos que datan desde el año 2009.
No se trata de atacar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de golpearlo. Necesitamos fortalecerlo, apoyarlo en sus gestiones de justicia, por cuanto todo ataque al mismo es cortar la yugular de la justicia penal. Los testigos han visto los hechos y oyeron las palabras –“Viderut et audierut”-.
Abogado
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