Viejos caserones

Se caen a pedazos y sus viejas estructuras no se soportan solas. Sobre ellas caminan sin medir el peligro muchas personas que arriendan a precios bajos o que simplemente decidieron mantenerse allí porque no tienen dónde ir. El riesgo se respira cada minuto en medio de este montón de tablas viejas carcomidas por las polillas y deterioradas por la humedad. Al mínimo descuido, puede suceder una tragedia y pasar de la tranquilidad al caos. Una vela encendida, un niño jugando con fósforos o un corto circuito de las telarañas de cables que alimentan cada cuarto pueden terminan en un incendio. Lo que sucedió ayer en Santa Ana no es un hecho aislado y, por lo contrario, cada año suceden incidentes que acaban con barracas y caserones viejos. Las personas damnificadas por estas tragedias humanas deben enfrentar todo un calvario para sobrevivir entre pensiones y ayudas estatales. Son familias humildes que prefieren arriesgar sus vidas a diario en estas trampas de muerte. Es tiempo de analizar a profundidad lo que ocurre en estos sitios históricos donde todavía permanecen estas residencias cuya vida útil expiró hace años.Los incendios son solo parte del problema, porque detrás de estas infraestructuras predominan las condiciones insalubres y muchas historias de pobreza extrema. Tampoco se trata de juzgar a las personas que viven en esas casas condenadas y en mal estado, pero es un poco irresponsable permanecer en esas viviendas conscientes de que pueden ocurrir accidentes o incendios de grandes proporciones. Cada año las autoridades atienden casos de balcones que se desploman, barracas colapsadas y enfermedades ocasionadas por las aguas negras. No queda duda de que el Estado, con los impuestos de todos los contribuyentes, tiene que salir a atender estos casos que son comunes en estos sectores del Casco Antiguo y en zonas de Río Abajo. Los gastos de albergue y alimentación son altos, sobre todo cuando suceden hechos en los que se involucran más de 60 familias como lo ocurrido ayer. Los propietarios de estos inmuebles deberían ser sancionados ejemplarmente por mantener en estado deplorable los mismos. Siendo justos, muchos de los dueños de esos caserones lucran de los alquileres, pero no asumen su responsabilidad en materia de seguridad. Es un problema bien complejo en el que es necesario poner sobre la mesa la realidad de esas familias y lo que establece la ley.Mientras no se proceda a desalojar a muchas personas que viven en condiciones de alto riesgo, y los propietarios de esos inmuebles no sean sancionados, es inevitable que sucedan tragedias. Al igual, es reprochable que dirigentes políticos intenten utilizar esta clase de hechos como bandera para ganar simpatía entre los afectados. Ayer se escucharon toda clase de declaraciones que solo buscaban generar más intranquilidad entre las personas del lugar. Cada siniestro que se reporta en estas zonas tiene que ser evaluado, y las familias damnificadas tienen que buscar otras opciones para vivir. Las barracas o casas condenadas son un peligro para la sociedad y es tiempo de que se haga algo por preservar la seguridad de los ciudadanos en estas áreas.