Wikileaks y derecho a la información
Nada debe ser secreto para el público en cuanto atañe al pueblo. Atañe al pueblo todo aquello que lo pueda afectar, perturbar, dañar, lesionar, en fin, quedan contemplados todos los casos o circunstancias que lo inmiscuyen. La información o el dato, en este sentido, no es patrimonio de nadie sino que al pueblo le asiste todo el derecho de conocer la información.
Quienes tienen que ver con la creación de los precedentes, en lo que toca a la jurisprudencia norteamericana, coinciden en que “no todo tiene o puede ser absolutamente público” y entienden que existen límites formales que lo imposibilitan, como es el caso de opiniones personales –que escapan de la agenda pública--, las cuestiones relativas a la propia imagen o dignidad personal como derechos que emanan de la propia intimidad, carrera armamentista en lo que corresponde a las cuestiones nucleares, etc. Podríamos decir que los Estados siempre se han reservado “secretos” que solamente quienes gobiernan conocen y dominan en lo que toca al manejo de la información. Sin embargo, es necesario aclarar que muchos de esos “secretitos” en no pocas ocasiones, afectan, a toda una generalidad de personas –el pueblo--.
Precisa acotar que la línea limítrofe entre lo que tiene que reservarse como “secreto de Estado” y lo que debe darse a conocer, es muy tenue. ¿Habría algo que le permita o dé derecho a los gobiernos, como representantes del Estado, a reservarse en secreto y que el pueblo, la sociedad, no tenga conocimiento de lo que acontece?
Todo cuanto se haga en nombre del Estado o por el Estado –que involucra a toda la sociedad-- amerita ser puesto en conocimiento del pueblo. El problema radica en que, también en no pocas ocasiones, quienes dirigen al Estado actúan como particulares y olvidan que, entre tanto sean gobernantes, deben someter sus actuaciones al principio de Derecho Público que postula el concepto de que en la vida pública, solamente pueden hacer aquello que la ley los faculta o autoriza. Todo desbordamiento de este concepto, implica abuso de autoridad, infracción de los deberes al cargo. Lo privado no debe mezclarse con lo público, menos los intereses personales. Cuando esto sucede, la agenda del Estado deja de ser en pro de los ciudadanos para decaer en penosa agenda de anotaciones privadas que ninguna cuenta en pro del pueblo habría de rendir. Todo lo relacionado a los wikileaks -fuga o goteo de la información- , bienvenido sea. Pero cuidado con lo que se informa tras la careta de “agenda o de interés público” y en el fondo lo que hay de por medio son meras cuestiones que escapan al interés de la ciudadanía.
