¿Y el alma llanera?

Las recientes medidas económicas del Gobierno venezolano provocan dentro y fuera del país reacciones diversas sobre el rumbo de la patria de Bolívar. Por ejemplo, la determinación de que el Gobierno decida qué porcentaje de ganancia deben recibir las empresas privadas y el apresamiento de los ejecutivos acusados de vender artículos domésticos por encima de los precios oficiales están marcando el camino a una economía regimentada por el Estado hasta en niveles primarios de consumo. “Guerra económica” se denomina a esta fase del proceso de progresiva desaparición de la empresa privada, a la que le quedan pocos sectores de estabilidad dentro de una situación agravada por el control monetario para compra de insumos indispensables para la producción. La situación se complica mucho más porque el régimen ordenó el cierre de programas periodísticos en los que se informaba sobre las oscilaciones de la cotización oficial y extraoficial de la moneda.

El presidente Maduro ordenó el boicot al diario por la publicación de noticias sobre la realidad económica. Los venezolanos han quedado a oscuras acerca de información vital sobre su subsistencia. Los tres canales de televisión controlados por el chavismo bombardean día y noche el lenguaje oficial plagado de frases de instigación a la lucha de clases como “burguesía parasitaria”, que han desembocado en el saqueo de tiendas de electrodomésticos en diversas ciudades del interior.

Observadores independientes estiman que el gobierno de Maduro lidia con una inflación acumulada de más del 50% en los últimos doce meses y la más delicada carestía de productos básicos; pero la inflación y la escasez pueden entrar en un torbellino peor con la guerra económica. Con la regimentación de precios, los saqueos de tiendas y la mayor centralización del control de divisas, pocas empresas se arriesgarán a importar. Un centenar de ejecutivos de empresas están en la cárcel, sin orden de juez competente, sino con las órdenes dictadas desde la televisión por el jefe del Gobierno. Este tiene las prerrogativas de la ley habilitante que le permite gobernar por decretos por el lapso de doce meses. Se eliminaron varios diputados de la oposición para obtener los votos que requiere la ley habilitante, en el fondo un eufemismo legislativo por la garantía de los votos de los partidos oficialistas.

El Gobierno se propone revertir los problemas económicos con medidas de corte policial contra la usura. La ampliación del poder estatal y la censura de prensa no pueden impedir –asegura la oposición– que los venezolanos reflexionen sobre la crisis que los abate. El modelo socialista venezolano marcha contravía del modelo cubano, que está flexibilizando controles en algunos sectores económicos otrora bajo el paraguas estatal. Las elecciones municipales que se avecinan serán el termómetro para dimensionar el impacto provocado en los diversos sectores de la sociedad. La guerra económica es el instrumento seleccionado para combatir la corrupción y las especulaciones de los productos de primera necesidad. Pronto podrá saberse, con el recuento de los votos, si la guerra se ha ganado. Por lo pronto, el periodismo independiente tiene las horas contadas por obra de la censura y las exhortaciones presidenciales a que no se compren los diarios independientes.