'Yo defiendo mi Patria'

Creo que, todos,  coincidimos en pensar que tramitar sociedades anónimas, off shore, joint venture, cualesquiera otra sea su clase, no es un acto ilegal y menos delictivo.  

Históricamente, en nuestro país, desde que apareció la ley No. 32 de 26 de febrero de  1927 –Ley de Sociedades Anónimas en Panamá-, abogados y firmas de abogados, vieron incrementar, a nivel de sus ingresos, el ejercicio profesional de la abogacía, toda vez que solamente los abogados conocedores de la Ley se encuentran  en capacidad de redactar los pactos sociales  y estatutos constitutivos de una sociedad. 

Al transcurrir los años, en lo que toca a las sociedades mercantiles, el universo económico de Panamá fue ampliándose lo que ha permitido calificar a Panamá como un país que, dentro de su economía de mercados abiertos, también contiene un servicio de creación de sociedades. Como decir, sociedades de Panamá y para el resto del mundo. 

De modo tal que ya no tan solamente  hablamos de que Panamá tiene una economía de servicios en lo que atañe al Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, Puertos Nacionales, sino que se ha añadido el servicio de constitución de sociedades. 

No es ajena la idea de que los empresarios y hombres de negocios, del mundo entero, siempre se interesaron en las sociedades panameñas y debo decir que no pocas firmas de abogados se dedicaron, amén de constituirlas, también a venderlas en altos costos conforme fuera su antigüedad o edad de constitución.  

Mientras más vieja sea una sociedad más costosa para el interesado. Obviamente, ello tenía sus razones: una empresa ya constituida presenta serios atisbos de su legalidad y de su seriedad ante la banca, las finanzas y las compañías de seguros y reaseguros, y por qué no decirlo, también en materia impositiva. 

Habrá de quedar claro que no han sido pocas las firmas de abogados y algunos abogados particulares que han amasado fortunas dedicándose a constituir sociedades. El mundo empresarial panameño, por decir lo poco, le debe mucho a los abogados serios que se han dedicado durante décadas y lustros a esta materia y en deuda, del mismo modo, también está con Panamá el mundo entero. 

Sin embargo, ahora nos tildan de piratas, filibusteros, corsarios, moradores de un paraíso fiscal en donde, palabras más palabras 

menos, somos todos unos grandes defraudadores de la economía mundial y hemos servido de trampolín y cómplices para que se cometan defraudaciones fiscales en otros países del orbe. 

Inclusive, el afamado diario Charlie Hebdo nos luce en portada como los terroristas fiscales y no han sido pocos los medios ni los afamados comentaristas de programas radiales y televisivos, a nivel mundial, que hacen mofa y burla de nuestra nación, de nuestra gente y de nuestro sistema financiero, bancario, de seguro, reaseguro, etc.; se burlan y mofan del Canal de Panamá y de todas las vicisitudes de su ampliación –recordar incidentes de filtración de compuertas y reciente inundación de una de las esclusas-, sin dejar de mencionar la postergación o demora en su finalización. 

Sin duda alguna que hay gente –naciones y gendarmes del nuevo orden económico- que conspiran  en contra de nuestra nación, objeto de envidia y de recelos entre ellos,  al extremo de que un periodista inglés llegó a replicarle a nuestra canciller –en entrevista a la BBC de Londres- por qué las naciones vecinas a la nuestra no tienen el mismo desarrollo, insinuando que nuestro desarrollo es ilícito, inmoral, pecaminoso, delictivo, en fin. Lástima que la canciller panameña no supo explicar ni defenderse y defender a nuestra nación. 

El argumento, a mi juicio, va por otro lado. Este ataque, esta guerra caliente contra nuestra pequeña nación hace lectura obligada de que existe otra agenda diferente.

El ataque a Panamá encierra una lucha, la lucha contra el terrorismo y se sospecha que por Panamá transitan grandes capitales que terminan subvencionando a terroristas del mundo y ningún mejor argumento que defenestrar el sistema financiero y societario de nuestro país, como efectivamente lo están haciendo. También la cuestión hace lectura a las cobranzas impositivas de otras naciones y quieren convertir a Panamá como su mejor recaudador. 

Panamá, su Gobierno -y con él todos los panameños- tiene el deber insoslayable de sentar posiciones claras: defensa de la integridad y dignidad nacional; defensa de nuestra soberanía y apresurarse a discutir, con carácter y energía, frente a la Ocde y otros organismos, el tema de cómo Panamá ha aportado y aportará, a través de su sistema financiero, bancario, bursátil y societarios, en la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo,  el narcotráfico, etc. 

Hoy resuenan en mi mente las palabras de Mateo Iturralde: “Yo no vendo mi Patria”.

Abogado