A menos de un mes para que el nuevo gobierno reciba el documento de las reformas puntuales a la carta magna, la Conertación Nacional para el Desarrollo ha logrado ponerse de acuerdo para ajustar y adecuar las obligaciones de los diputados panameños.
La Concertación Nacional para el Desarrollo propone que los diputados de la Asamblea Nacional sean investigados por el Ministerio Público y no por la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución de 1972.
Pero además de aquel punto, los 22 miembros de la concertación acordaron que ningún diputado podrá participar en la ejecución de obras ni manejar fondos públicos para ese tipo de trabajos.
De igual forma se quiere incluir en las reformas que los diputados no pueden hacer contratos con órganos del Estado ni que sus suplentes sean familiares, cónyugues o allegados.
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Sin embargo, en el tema de la reelección no se ha logrado mayor avance. En ese aspecto la Concertación Nacional sugiere que la misma sea por solo un periodo y no todas las veces que ellos deseen hacerlo.
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En este sentido, el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño señaló que es necesario el freno al foco de corrupción en la Asamblea, pero que ve con poco futuro la consulta que ha hecho la Concertación Nacional.
"Me parece difícil que esas propuetas cuenten con el beneplácito de los diputados, sobre todo el tema de la reelección. Lo más seguro que eso no va ser avalado", declaró la fuente.
Con respecto a la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los plenarios recomiendan la creación de un Tribunal Constitucional, el mismo sería considerado como el mayor órgano judicial del Estado.
Dicho tribunal sería conformado por 5 magistrados con sus respectivos suplentes. Los togados de aquel tribunal recibirían las denuncias o querellas contra sus colegas del supremo.
