Los casos de femicidios en la provincia de Chiriquí están aumentando según el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), quienes mantienen registros de casos ocurridos y que se han atrevido a denunciar las víctimas y familiares.
Solo en los siete primeros meses del presente año, se han presentado 42 denuncias por mujeres que han sido maltratadas de manera física, psicológica y económica por parte de sus cónyuges, quienes también las han amenazado de muerte.
Solo el año pasado (2010) se presentaron 86 casos ante este instituto, por mujeres que buscaban ayuda y protección porque sus vidas estaban en riesgos.
“Esto demuestra el grado de violencia que se ejerce en contra de la mujer por sus propios compañeros sentimentales y en algunas ocasiones por hombres fuera de su entorno familiar”, afirma Lizbeth Carrera directora regional de INAMU.
Añade que cuando se habla de femicidio todos piensan en muerte, pero esto incluye violaciones sexuales y agresión psicológica.
La provincia de Chiriquí no escapa a esta realidad y un ejemplo, de tantos casos que se registran es el ocurrido el pasado 8 de febrero en Boca Chica en el distrito de San Lorenzo, donde Julia Montezuma de 21 años fue asesinada por su pareja sentimental de 64 años.
Según las estadísticas, el 80% de los 42 casos denunciados este año ocurrieron en el distrito de David y el 20% en los distritos de Dolega, Barú, Renacimiento y San Lorenzo.
Marquelda Montenegro de Herrera, directora nacional del Instituto Nacional de la Mujer, explicó que ante el número creciente de casos en la región chiricana se construye en Las Cañas del distrito de Dolega un albergue para mujeres maltratadas, y de esta manera darles seguridad mientras sus casos son ventilados en los tribunales.
En este albergue se le dará orientación legal y psicológica a las mujeres y sus hijos porque, el mayor problema que se enfrenta, es que las mujeres callan en muchas ocasiones el maltrato porque no tienen un lugar seguro donde refugiarse junto a sus hijos.
Añadió que el trabajo es interinstitucional en el que participan los alcaldes, la Policía, el Ministerio de Salud y los corregidores.
En la actualidad, hay siete redes locales contra la violencia doméstica en los distritos donde se están registrando casos con el objetivo de reforzar el trabajo que se hace en conjunto.
Los objetivos de las redes es fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de la comunidad para la ejecución de un plan local de prevención, ofrecer modelos de intervención integrados y participativos, y tercero que estos grupos garanticen una comunidad segura que convive en paz.
