Los costarricenses David Núñez Jiménez de 37 años, Carlos Antonio Garro Núñez de 42 y José Giovanni Segura Angulo de 47 años, serán entregados a las autoridades judiciales de Costa Rica después que el Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí concediera este domingo un plazo no mayor de 30 días para que se cumpla con los trámites.
La decisión fue fundamentada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones en el artículo 528 del Código Procesal Penal, después que los tres ciudadanos costarricenses renunciaron de forma voluntaria al proceso de extradición, para que la entrega sea expedita.
Durante la audiencia que se realizó este domingo, el Fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Agustín Castillo, solicitó al tribunal legalizar la aprehensión y la detención preventiva con fines de extradición, ya que los costarricenses son solicitados por las autoridades judiciales de su país por supuestas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales la cual fue aceptada por los magistrados Jorge De La Torre (presidente), José Correa y Luis Tapia.
En la audiencia se informó que los tres costarricenses solicitados por las autoridades fueron aprehendidos en Chiriquí el pasado 12 de abril durante la "Operación Quijote”.
El 13 de abril pasaron a órdenes del Servicio Nacional de Migración, ya que se encontraban de manera irregular en territorio panameño.
Sin embargo, el 14 de abril las autoridades de Costa Rica solicitaron de manera formal la extradición de los tres, puesto que son investigados mediante la "Operación Fénix” en su país por supuestas actividades relacionadas con el presunto delito de legitimización de capitales.
Una vez concluyó la audiencia con el Tribunal de Apelaciones, los tres costarricenses fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a al Centro Penitenciario de Chiriquí, donde permanecerán hasta día que sean entregados a las autoridades de Costa Rica.
En el operativo "Quijote" a cargo del Ministerio Público y la Policia Nacional fueron decomisadas armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
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