Los recientes casos de reyertas y motines escenificados en Chiriquí, en Coclé (el fin de semana) y en la provincia de Colón (la semana pasada), reafirman que el sistema carcelario panameño anda de “tumbo en tumbo”.
Conocedores en la materia como Gilberto Toro coinciden en señalar en que hace falta una política integral más eficiente.
Este lunes, en Chiriquí, un conato de incendio fue sofocado en horas de la mañana en el Centro de Custodia Aurelio Granados.
De acuerdo con las informaciones, se registró una reyerta que fue provocada por un grupo de detenidos que prendieron colchones y cajetas.
De la acción, resultó afectado un menor de edad a consecuencia del humo generado por los colchones y los gases de las bombas lacrimógenas utilizadas por las unidades de la Policía Nacional para controlar la situación en el centro.
El menor afectado fue llevado al Cuarto de Urgencia del hospital Rafael Hernández en David.
El subcomisionado Federico Oberto, quien recibió una pedrada en el hombro, también recibió atención médica al igual que otros tres custodios.
“Los once detenidos buscaban quemarse y de esa manera lograr su libertad como ocurrió en la provincia de Panamá, y eso no lo vamos a permitir en Chiriquí”, aseguró la directora del centro, María de Ferrin.
Agregó que las autoridades del Ministerio de Gobierno debe darle una solución urgente al centro, ya que no hay espacios para clasificar y poder controlar el Centro de Menores Aurelio Granados.
Hace unos días, los internos de la cárcel de Penonomé realizaron un motín, en el que quemaron colchones, exigiendo una mejor calidad de vida, pues viven en hacinamiento.
En muchas de estas protestas, los detenidos se niegan a consumir alimentos y exigen solución a sus demandas.
Otro hecho acontecido fue el pasado 9 de enero de este año, en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, donde murieron cinco de los siete quemados.
Los menores reclamaban que tenían más de ocho días sin agua potable, producto de la crisis del suministro de agua potable en la ciudad capital.
En aquella ocasión, la respuesta del Gobierno fue redoblar la seguridad en torno a los penales.
Los centros carcelarios panameños tienen una población penal calculada en más de 10,000 detenidos, en condiciones de hacinamiento, según las mismas autoridades.
La Defensoría del Pueblo ha alertado en varias oportunidades sobre esa crítica situación en los penales del país, dado el hacinamiento, insalubridad y consumo de drogas ilegales.
