Por 15 años, las familias que ocupan las 20 hectáreas que conforman la barrida Villa Mireya, en Capira, han esperado por la legalización de sus predios.
La única documentación que acredita a las 250 familias que residen en esta barrida la pertenencia del terreno es un certificado provisional de propiedad.
Ello debido a que los trámites de legalización de las fincas, iniciados en mayo del 2016 por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y que implicaban el pago de las tierras al Banco Hipotecario Nacional (BHN), aún no concluyen.
Rubén Darío Rodríguez, residente en esta barriada, dijo que el BHN fijaría el costo de las tierras contemplando todos los servicios básicos y las facilidades existente. Esto es considerado como injusto por los residentes, puesto que los acueductos, la electricidad y las calles existentes se lograron con el sacrificio de los pobladores, añadió.
Expresó además que, en el 2003, cuando fueron reubicados en este sector, el gobierno de turno prometió la construcción de casas de cemento, lo cual nunca se cumplió.
