El Ministerio Público por conducto de la fiscalía de Litigación Temprana lleva adelante las investigaciones por el presunto delito Contra la Vida e Integridad Personal en la modalidad de lesiones personales en perjuicio de adultos mayores, recluidos en el Hogar de Ancianos Santa Catalina ubicado en la ciudad de David en la provincia de Chiriquí.
Una fuente ligada a la investigación señala que actualmente se continúa tomando declaraciones a funcionarios del hogar y a familiares de los ancianos para que aporten sus testimonios sobre las condiciones en que han encontrado a sus familiares recluidos en este lugar.
La fuente precisa que aún se mantienen en la fase de investigación con el objetivo de poder determinar si hay elementos de convicción suficientes para formular cargos u ordenar el archivo de las investigaciones.
Recientemente se realizó una audiencia de garantías donde la fiscal adjunta de Litigación, Carla Quintero quien solicitó a la juez Rita Williams legalizara la extracción de fotos y videos de una USB proporcionado por dos señoras que denunciaron las supuestas irregularidades en el Hogar de Ancianos Santa Catalina.
Sin embargo, la juez sustento que la solicitud no procedía, debido a que el artículo 314 del Código de Procesamiento Penal establece que el Ministerio Público está autorizado a extraer los datos a través de una resolución debidamente sustentada, ya que la USB donde se encuentran estas pruebas fueron aportadas de manera voluntaria por una de las denunciantes.
A la audiencia compareció Magali Rodríguez una de las denunciante de los supuestos maltratos a los son sometidos los ancianos por dos funcionarias nombradas por el MIDES en el asilo entre ella una sobrina de la religiosa Sor Teresa de la Vega.
Sin embargo, la religiosa niega que en el hogar se esté agrediendo a los ancianos y señala que estas denuncias son infundadas y el objetivo es causarle daño al Hogar Santa Catalina.
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